10 de marzo de 2017
10.03.2017
El futuro de uno de los proyectos con los que se justificó la ampliación de El Musel

Es el paso previo a legalizar la planta de Gijón, sostiene el Principado

El decreto no puede revocar una sentencia firme, aseguran Equo y los ecologistas, que confían en la demolición

10.03.2017 | 10:59
Encuentro en Berlín.

España cuenta con seis regasificadoras operativas, en los puertos de Bilbao, Ferrol, Barcelona, Sagunto, Cartagena y Huelva. Junto con la séptima de El Musel, España es el país europeo con mayor número de regasificadoras. El proyecto de decreto del gobierno plantea reactivar proyectos de gasoductos y dejar de retribuir a las plantas de regasificación más viejas, dando la opción a sus gestores a desmantelarlas o no.

La memoria del Ministerio sobre el impacto del proyecto de real decreto señala que "considerando la capacidad de entrada adicional existente (por almacenamiento subterráneo, interconexión con Argelia, Francia y Portugal), los compromisos de exportación y los picos de demanda máximos previstos, parte de dicha capacidad no ha sido necesaria durante los últimos años ni parece que lo vaya a ser en el medio / largo plazo", añadiendo que algunas de las regasificadoras españolas llevan en servicio desde 1982 y que pese a que su vida útil era de 10 años "llevan más de 10 años de extensión de vida con un coste aproximado anual de 1,2 millones de euros", ante lo cual el Ministerio considera "necesario analizar la oportunidad de reducir dicha capacidad de vaporización, sin afectar a la seguridad del sistema gasista" dejando de retribuir a esas instalaciones.

El decreto también modificará los peajes por la recarga de barcos, lo que puede ser clave para la viabilidad de las regasificadoras españolas, una de cuyas lineas de negocio es la reexportación del gas natural licuado y también el abastecimiento de ese combustible a buques.

El proyecto de real decreto fue valorado ayer positivamente por el consejero de Industria del Principado, Francisco Blanco, quien señaló que se trata de un paso previo y necesario a la legalización de la regasificadora de El Musel, tal como acordó con el Ministro de Energía, Álvaro Nadal, en la reunión que ambos mantuvieron en el Ministerio el pasado 31 de enero.

"Con este decreto será posible dar nuevas autorizaciones de instalaciones de gas, lo que estaba paralizado. Una vez que entre en vigor, el Ministerio tendrá que proceder a la autorización administrativa", señaló el consejero. Esa es la vía, apuntó, que se va a usar para intentar la legalización de la planta, después de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la primera autorización administrativa al haberse comenzado a tramitar cuando aún estaba en vigor el artículo del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Raminp) que impedía que la regasificadora se construyera a menos de dos kilómetros de un núcleo habitado y la planta dista menos de varios barrios de Gijón y Carreño.

Blanco señaló que anteayer volvió a abordar la situación de la regasificadora de Gijón en una conversación que mantuvo con el Ministro en Berlín, a donde ambos acudieron con motivo de la participación de España y Asturias en una feria de turismo. El Ministro le anunció "que va a proceder a la autorización de la planta", tras la entrada en vigor de este decreto.

El Principado sostiene, al igual que el Ministerio y Enagás, que la sentencia del Tribunal Supremo no obliga a demoler la regasificadora de El Musel, sino sólo a rehacer la tramitación administrativa.

Ni Equo, organización que llevó a los tribunales la planta, ni los ecologistas opinan igual, al considerar que un decreto no puede contravenir una sentencia firme del Tribunal Supremo. José Antonio Ballesteros, abogado de Equo, insiste en que la ejecución de la sentencia pasa por el desmantelamiento de una instalación que se construyó ilegalmente. Equo también ha solicitado que Enagás devuelva los 119 millones de euros cobrados a los usuarios por su mantenimiento y retribución financiera entre 2012 y 2016. Respecto al proyecto de real decreto, Ballesteros calificó de "absurdo" plantear activar la regasificadora de El Musel, única hibernada, y dejar de retribuir a otras que ya están en funcionamiento.

Francisco Ramos, portavoz en Asturias de Ecologistas en Acción señaló que "es de esperar que para cuando esto se acabe de tramitar ya exista una resolución judicial ordenando la demolición" y añade que la alternativa que plantea el decreto incrementará los costes del sistema, que recaen sobre los usuarios.

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