Los presidentes de las patronales asturianas del transporte por carretera Asetra, Ovidio de la Roza, y Cesintra, Alejandro García Monjardín, remitieron el pasado jueves un escrito a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, solicitando que actúe contra el alcalde de Villablino, Mario Rivas y el edil de IU de esa misma localidad, Raúl Fernández Pinilla, al considerar que supuestas declaraciones públicas realizadas por ambos "pudieran ser presuntamente constitutivas de un delito de amenazas previsto en el artículo 169 del Código Penal o de Coacciones" previsto en el artículo 172.

Así se indica en el escrito, en el que recuerdan que las declaraciones de ambos políticos precedieron al ataque con un cóctel molotov contra un camionero de una cooperativa gijonesa que llevaba carbón de El Musel a una central térmica de León, hechos que las dos patronales mayoritarias del transporte en Asturias califican de "fruto de lo que consideramos una provocación orquestada".

En la denuncia presentada en la fiscalía de Valladolid, De la Roza y García Monjardín consideran lo que está ocurriendo con el paso de camiones con carbón por Villablino y Ponferrada como comportamientos "incalificables en un Estado de Derecho, al tratar de impedir a los vehículos el derecho de tránsito por una vía pública", algo que recuerdan que es un derecho recogido por el propio tratado de la Unión Europea, "que consagra la libre circulación de personas y mercancías". Los transportistas llevan tiempo quejándose de la falta de protección por parte de las autoridades ante los ataques de los mineros.