El actual director de la Autoridad Portuaria de Gijón, José Luis Barettino, se mostró reacio a remitir a la Audiencia Nacional documentación relativa a la obra de ampliación de El Musel y a la relación de directivos portuarios en la época en la que se construyó. La documentación había sido requerida inicialmente por el juez Javier Gómez Bermúdez en febrero de 2015 tras haber abierto el "caso Musel" tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Su sucesor al frente del juzgado de instrucción número tres de la Audiencia Nacional, el magistrado Juan Pablo González tuvo que hacer un segundo requerimiento al Puerto siete meses después de que un informe pericial echara en falta documentación en el expediente que había remitido el Puerto.
Cuando la proyectó, contrató y ejecutó, la Autoridad Portuaria no había incluido en un único expediente toda la documentación relativa a la obra de ampliación. Así las cosas, la respuesta que había que dar al requerimiento de Bermúdez fue motivo de tensión entre la entonces presidenta de El Musel, Rosa Aza, y Barettino, por entonces responsable jurídico del Puerto, según confirmaron las fuentes consultadas. A falta de un expediente al uso, el planteamiento de Aza era remitir a la Audiencia Nacional toda la documentación vinculada a la obra de ampliación, incluyendo el proyecto y el anteproyecto y, ante la duda sobre si algún documento era relevante o no, enviarlo. Barettino, en cambio, hacía un planteamiento más restrictivo de lo que había que enviar.
La discrepancia llegó a tal punto que Rosa Aza acabó ordenándole por escrito la remisión del expediente completo y de la documentación relacionada, en un sentido amplio.
No fue la única discrepancia entre la expresidenta de El Musel y el entonces responsable jurídico sobre cómo contestar al requerimiento del juez Bermúdez. El magistrado también había solicitado la relación de cargos directivos del Puerto en la época de la ampliación. Antes de que se promulgase la Ley de Transparencia no estaba claro a quiénes se podía considerar personal directivo, así que el Puerto optó por remitir al juez el listado de todo el personal de fuera de convenio en la época de ampliación.
Alto de Aboño
Además, Aza ordenó informar al juez de las competencias, obligaciones y firma que tenía cada uno de ellos. Eso último fue motivo de discusión con Barettino, que durante la ampliación había sido ascendido de jefe de departamento a jefe de área y finalmente a subdirector general de la Autoridad Portuaria.
Con aquella primera tanda de documentación remitida a la Audiencia Nacional, Bermúdez había ordenado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, elaborar un informe pericial. El resultado fue el primer informe elaborado por dos interventoras del Estado en el que entre otras cosas echaban en falta documentación en el expediente remitido por el Puerto, como un estudio de la Universidad de Oviedo y documentos de Fomento sobre los materiales necesarios para la obra y posibles fuentes de aprovisionamiento; las ofertas del adjudicatario y de otros licitadores además de documentación sobre el control de la obra e informes sobre la playa de San Lorenzo. Muchos documentos se aportaron sin firmar y algunos incompletos y tampoco se entregó documentación relativa a la expropiación del Alto de Aboño.
Anticorrupción solicitó al juez que reemplazó a Bermúdez, Juan Pablo González, que enviase un nuevo requerimiento al Puerto para reclamar la documentación que echaba en falta, algo que hizo el magistrado en septiembre de 2015. En noviembre de aquel año, ya con Laureano Lourido como nuevo presidente de El Musel, comenzó el escaneo masivo de documentos en la Autoridad Portuaria. El ingente volumen de documentación remitida fue analizado de nuevo por las dos interventoras del Estado designadas como peritas judiciales. En un informe del pasado mes de enero, ampliatorio del primero que entregaron en el juzgado en 2015, las peritas vuelven a hablar de la entrega de documentos sin firmar, incompletos, yuxtapuestos, ausencia de papeles relevantes, incoherencias internas en la documentación e incorrecciones.
Barettino, que ocupa la dirección general de la Autoridad Portuaria desde el 19 de noviembre de 2015, ha sido citado como testigo en el "caso Musel" a petición de la acusación popular y de la fiscalía. Aún no se sabe cuando tendrá que acudir a testificar, dado que la primera fecha prevista, el próximo jueves, se va a anular por la imposibilidad de asistencia de varios abogados.
