Un informe jurídico realizado por expertos externos y que clarifique el camino a seguir para la correcta tramitación del Plan General de Gijón. Esa propuesta que los partidos de la oposición llevan, sin éxito, reivindicando tiempo ante el gobierno forista, volvía ayer a sonar con fuerza tras las conclusiones del informe del Colegio de Arquitectos de Asturias. Un informe donde se plantea una segunda aprobación inicial del documento urbanístico como fórmula de "solventar cualquier incertidumbre jurídica", se considera un sinsentido aprobar el PGO sin incluir el Catálogo Urbanístico actualizado y se echa en falta una relación entre el documento urbanístico y el plan de movilidad.

"Hace más de un año que el PSOE advirtió de los problemas del PGO. Ahora son muchos más los que dicen que hay problemas en ese documento y lo que tiene que decidir el gobierno es si persiste en ellos o se corrigen. La preocupación sobre la seguridad jurídica del documento la comparten muchos colectivos del sector que llevan desde 2013 esperando", explicaba ayer el socialista José María Pérez. El PSOE fue el único grupo municipal que votó en contra del documento de aprobación inicial del Plan General en el Pleno de febrero de 2016. "Retrotraer el trámite a la fase de aprobación inicial es como mínimo porque también habrá que ver que cuestiones hay que ajustar a la documentación ambiental y al documento de prioridades que rige toda la tramitación", concretó Pérez.

Desde Xixón Sí Puede, el edil David Alonso, se mostraba hastiado de tanto debate infructuoso. "A nosotros lo que nos preocupa es el modelo de municipio que salga de las alegaciones", sentenció tras dejar claro que "la responsabilidad del urbanismo local es, primero, de Foro que es quien gobierna, y luego del PSOE, que es quien hizo que estemos como estamos. Que Foro asuma su responsabilidad, ejerza el liderazgo, marque la hoja de ruta y deje de irse por peteneras".

Tanto el edil de XSP como el portavoz de IU, Aurelio Martín, coincidieron en dar importancia a las consecuencias sobre el calendario de cualquier decisión. "Si no completamos la tramitación en este mandato tendríamos que pensar en unas nuevas elecciones, un nuevo ayuntamiento, unas nuevas mayorías políticas...", explicó el portavoz de IU.

Pero tiempo pasa y el PGO sigue atascado en la fase de información de alegaciones. "Hay una situación de desconcierto general y por eso nosotros reivindicamos un informe jurídico externo que el gobierno forista no accede a encargar", indicó desde el PP su portavoz. Mariano Marín está dispuesto a dar un tiempo de cortesía para que la nueva responsable municipal del Plan, Ana Fernández Dopazo, tome las riendas pero el margen no es mucho. La arquitecta debe hacer una revisión técnica del documento que ratifique, o no, el borrador con el listado de fallos que dejó sobre la mesa el destituido Javier Domingo.

José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, también espera por ese informe jurídico externo para saber si es necesaria una segunda tramitación del documento de aprobación inicial. Un informe que nada tendría que ver con el emitido ya por el secretario del Ayuntamiento, por el que pueda elaborar la nueva jefa técnica y por el que se realice desde el equipo redactor del Plan General.