Si no hay problemas de última hora, la nueva y polémica renta social del Ayuntamiento de Gijón estará en marcha en mayo a partir de un desembolso inicial de 316.000 euros para su gestión en lo que queda de año y movilizando a quince trabajadores de dentro y fuera de la estructura municipal. Estos son los datos que se manejan desde la Fundación Municipal de Servicios cuya jefa de división de Promoción Social, Regla Mock García, es la encargada de ponerse al frente de ese equipo de gestión que aglutinará personal, esfuerzos y acciones de la propia Fundación, de la Agencia Local de Empleo y de la Unión de Comerciantes.

Precisamente una parte importante de ese coste de gestión son los 134.740,38 euros en que está fijado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Unión de Comerciantes. Esa partida incluye la contratación de dos comerciales, un programador de aplicaciones, un auxiliar administrativos y tres telefonistas/auxiliares administrativos, uno de ellos al 84% de la jornada. Este convenio con la Unión de Comerciantes da soporte a la fórmula elegida para que los beneficiarios de las ayudas finalistas de la renta social a la compra de productos lo hagan en comercios de la ciudad. La intención es los cinco mil beneficiarios potenciales de esa línea de ayudas opten a hacer las compras en unos 300 comercios. Las facturas las pagará la Fundación Municipal de Servicios Sociales.

En cuanto a la gestión puramente municipal, se creará una unidad de tramitación con sede en las oficinas que la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo tiene en El Coto. En un primer momento se contrataría a un técnico de gestión, un administrativo y cuatro auxiliares. El coste total es de 133.006 euros. A ese dinero hay que sumar otros 48.261 euros en gastos para reforzar con dos administrativos la secretaría técnica de la propia Fundación Municipal de Servicios Sociales. Su labor se centrará en la contabilización y pago de las ayudas y la comprobación y pago de las facturas emitidas por los comercios.

Todos estos costes sobre la gestión del proyecto fueron motivo de una pregunta de Ciudadanos en la comisión de Bienestar. Desde Ciudadanos se han mostrado muy críticos tanto con este proyecto -desarrollado desde el gobierno forista pero impulsado desde Xixón Sí Puede e Izquierda Unida que vincularon a su puesta en marcha su voto en los presupuestos municipales para 2017- como con su coste para las arcas municipales. A la concesión de las ayudas, ya sean las finalistas a la compra como las económicas en pagos mensuales, se calculan destinar cerca de ocho millones de euros entre lo ya presupuestado en Servicios Sociales y los remanentes comprometidos.