Cuatro empresas, tres de ellas extranjeras, están interesadas en comprar Asturiana Galvanizadora (Agalsa). El representante de uno de esos potenciales inversores, una empresa alemana del mismo sector, visitó ayer la factoría gijonesa acompañado por la administradora concursal, Carmen Fernández Sánchez. La empresa gijonesa está en concurso de acreedores desde el pasado 2 de marzo, con un pasivo cercano a los 12 millones de euros. Su plantilla es de 102 trabajadores, a los que habría que sumar otros 28 de su filial Oxizinc. Esta última mantiene su actividad sin haber entrado en concurso.
El representante de la compañía germana no sólo visitó las instalaciones fabriles de Lloreda, sino que también mantuvo una reunión con la dirección, en la que solicitó detalles organizativos.
Se trata de la primera empresa que llega de la mano de la administradora concursal y que según las fuentes consultadas está muy interesada en adquirir Agalsa y potenciar sus instalaciones.
De las otras tres empresas interesadas, una es española. Se trata de una compañía distinta del grupo asturiano que había negociado con los propietarios de Agalsa la compra de la sociedad antes de que entrara en concurso, negociación que no cuajó al no haber llegado a un acuerdo Agalsa con su principal acreedor, Sogepsa, sobre los 4,5 millones de euros que le adeuda.
El interés mostrado por las cuatro empresas citadas no se ha traducido de momento en ninguna oferta en firme. No obstante, la administradora concursal tiene la intención de intentar acelerar en lo posible las negociaciones.
La visita del posible inversor alemán a la factoría gijonesa coincidió con el auto que ayer dictó el magistrado Rafael Abril Manso, titular del juzgado de lo mercantil número 3, con sede en Gijón, en el que anula el ERE que había presentado la dirección de Agalsa para el despido inmediato de toda la plantilla. La propiedad de la empresa había solicitado la liquidación de la misma al presentar el concurso de acreedores. El juez y la administradora concursal, en cambio, están en la clave de buscar la viabilidad. En ese contexto, la administradora solicitó al juez, al igual que los representantes de los trabajadores, la anulación del ERE de extinción de los contratos.
El juez ha asumido esa petición al considerar que la dirección de Agalsa no negoció de buena fe con los sindicatos y les ocultó información. El magistrado considera que la dirección coaccionó a los trabajadores para que aceptaran el ERE, advirtiéndoles de que había impuesto sanciones de diez días sin sueldo en los meses de diciembre, enero y febrero a diversos trabajadores por el supuesto incumplimiento de sus obligaciones. El juez destaca que la empresa no identificó a los afectados por la sanción, que no comunicó esas sanciones por los cauces reglamentarios lo que les impidió defenderse, y que ofreció retirar las sanciones si el comité de empresa firmaba el ERE. La autoridad laboral del Principado llegó a apercibir a la empresa durante esa negociación.
La empresa hizo constar durante las negociaciones del ERE ahora anulado que trasladaría esas sanciones a los listados de créditos concursales. Eso suponía descontarles sus derechos de cobro como acreedores de la empresa, algo que el magistrado califica como una "manipulación a sabiendas (dolo) de su ilicitud". La empresa también dijo a los sindicatos "a sabiendas de su falsedad" que las sanciones no podrían revocarse una vez que la administradora concursal tomara las riendas. El juez también reprocha a la empresa su "negativa contumaz" a entregar los recibos de los salarios devengados y la certificación de créditos laborales.
Otro argumento del juez para anular el ERE es que están de acuerdo en ello las dos partes ahora legitimadas para la negociación: La administración concursal y los sindicatos. El juez agrega que en el caso de que no se anulara ese ERE, podrían aumentar las deudas de la sociedad ante una anulación posterior, una vez recurrido por sus deficiencias.
Ahora, la administración concursal y los sindicatos negociarán una regulación temporal de empleo hasta finales de 2018. Si para entonces no se ha vendido la empresa, se producirían los despidos.
Sobreseimiento penal
Sobreseimiento penal
Por otro lado, el titular del juzgado de instrucción número 5 de Gijón, Juan Laborda, ha decretado el sobreseimiento provisional de la investigación abierta por supuestos daños, hurtos, amenazas y coacciones que la dirección de Agalsa había denunciado. Tres empleados, uno de ellos representante sindical, fueron interrogados como investigados. El juez considera que no hay indicios de que esos trabajadores hayan sido los autores de los supuestos delitos y que además se desconoce quienes pudieron ser sus autores.
El magistrado agrega que "el comportamiento y proceder de los trabajadores ha de valorarse teniendo en consideración la situación de conflicto laboral (...) por lo que ante el posible cierre laboral los trabajadores se ven abocados a hacer uso de los medios que estiman convenientes con forma de expresión o ejercicio de sus reivindicaciones por la pervivencia de la empresa y el mantenimiento de sus puestos de trabajo".
