La Asociación de Afectados por Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) reclamó ayer al Principado que realice una auditoría externa de este organismo para saber a qué se destinaron "los 475 millones de euros que recibió del Estado entre 2007 y 2015 para ayuda a la dependencia" de personas mayores, según indicó el portavoz de la asociación, Ángel Rodríguez, en la asamblea que la asociación celebró ayer en el Centro Municipal Integrado Pumarín-Gijón Sur.
Momentos antes, el diputado regional del PP, Matías Rodríguez Feito, había indicado que el ERA había liquidado el presupuesto de 2015 "con un remanente de tesorería de 6,23 millones de euros", según la contestación a una pregunta que le había dado la Consejería de Hacienda. Un superávit que para el diputado popular "es indignante, cuando en Asturias estamos hablando de listas de espera de cerca de 1.000 personas para los geriátricos, de falta de infraestructuras sobre todo en el occidente de Asturias y de que han estado cobrando precios superiores a esta gente y siguen haciéndoles las liquidaciones", a pesar de la ley aprobada en noviembre en la Junta General del Principado con el apoyo de Podemos, IU y PP, que obliga al gobierno regional a suspender las liquidaciones hasta que se calcule cuánto han cobrado de más a las familias de cada usuario de un geriátrico público.
El remanente de tesorería que tuvo el ERA en 2015 es para el portavoz de la Asociación de Afectados "la punta del iceberg", dado que consideran que el gobierno regional tiene que explicar qué ha pasado con el dinero transferido por el Estado por la ley de dependencia. "Vamos a pelear por que se haga una auditoría externa en la que saldrá si hubo irregularidades", agregó Ángel Rodríguez.
La plataforma recordó que la propia consejería de Servicios y Derechos Sociales reconoció que se había cobrado de más a más de 2.000 usuarios de las residencias del ERA e indicó que se sigue cobrando. La asamblea de socios aprobó ayer remitir una carta a la Consejería instándole a que notifique a todos los afectados que, conforme a la ley aprobada por la Junta General en noviembre, pueden exigir que se les paralicen los cobros hasta que se calcule lo que en realidad tienen que abonar o si se les ha cobrado de más.
La asociación también ha reclamado a la Consejería la nulidad de los contratos de sus asociados. La Consejería tiene de plazo hasta mayo para responder. En caso de no hacerlo o de denegarlo, la asociación acudirá a los tribunales.
Además del diputado del PP, a la asamblea también asistió la diputada de Podemos Rosa María Espiño. La asociación agradeció a ambos partidos y a IU el apoyo en la Junta General para sacar adelante la ley que obliga a paralizar los cobros hasta aclarar las cuantías que se deben liquidar.
La asociación cuenta con 144 asociados, muchos menos de los 340 inscritos en la Plataforma de Afectados del ERA -que fue su origen- y de los más de 3.000 afectados por otros tantos expedientes de cobro abiertos en el organismo autonómico.
Algunos de los pasos que va a dar ahora la asociación es recabar el apoyo de las federaciones de pensionistas, de los sindicatos y de asociaciones de personas mayores, así como promover que los familiares soliciten al Imserso que les notifique las ayudas económicas transferidas al Principado para atender a cada anciano y, en concreto, de los que tienen reconocida la dependencia.
