Eso era lo que pedía Izquierda Unida, todas las centrales sindicales (menos UGT) y la Coordinadora Asturiana pola Insumisión. Que la Corporación gijonesa y el Gobierno del Principado apoyasen a Iván Álvarez Collar, a quien se iba a juzgar el día siguiente en León por negarse a cumplir el servicio militar y negarse también a realizar la Prestación Social Sustitutoria. En ese momento, había varios insumisos asturianos encarcelados y la pena mínima para ellos era de dos años, cuatro meses y un día.
