La UTE Dique Torres ha interpuesto un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional contra la negativa de la magistrada del Juzgado Central de Instrucción número 3, en el que se investiga el "caso Musel", a convocar al autor del informe encargado por la UTE a Price Waterhouse Coopers para que ratificase sus conclusiones ante la magistrada. Dique Torres quiere que declare su perito para intentar conseguir que se archive el caso antes de que llegue a juicio, cuestionando las conclusiones del informe elaborado por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF).
La magistrada, en cambio, considera que la ratificación del informe encargado a Price Waterhouse Coopers contribuiría a dilatar innecesariamente la instrucción del sumario, que no aportaría nada nuevo y que carecería de eficacia probatoria.
La magistrada ha rechazado el recurso de reforma presentado ante ella misma por Dique Torres, que ahora apela ante la Audiencia al considerar que la negativa a que comparezca su perito le provoca "indefensión". La Unión Temporal de Empresas que ejecutó la obra de ampliación de El Musel sostiene que la decisión le niega "la posibilidad de defenderse frente al principal elemento de cargo manejado por el Ministerio Fiscal".
El informe encargado por Dique Torres a Price Waterhouse Coopers y firmado por el perito Ángel Muñoz Martín, trata de rebatir las conclusiones del informe elaborado por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), que fue el que dio pie a la interposición de sendas denuncias penales por la Fiscalía Anticorrupción y por el Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (Ocan) que ejerce la acusación popular.
En el recurso, la UTE señala que varios de los integrantes de su comité de gerencia están imputados en la causa, en la que "se han practicado infinidad de diligencias de instrucción", con decenas de declaraciones de imputados y también las de múltiples testigos a petición de la fiscalía, además de otras actuaciones que la UTE tilda de "prospectivas" a la par que "inconcluyentes", como las relativas a la pieza separada del programa "A ver la ballena".
Dique Torres agrega que los autores del informe de la OLAF lo ratificaron en el juzgado y que la causa fue declarada compleja, prorrogando su instrucción hasta el 6 de junio.
El recurso de la UTE también sostiene que el informe pericial del área de Forensic de Price Waterhouse Coopers hace aportaciones relevantes, dado que analizó la contabilidad de la UTE a la vez que opina sobre la metodología y fuentes de información empleadas por la OLAF y contradecía las conclusiones a las que llegaba este organismo de la UE.
También se apoya la UTE en que la instrucción de la causa aún tiene recorrido, dado que están pendientes de practicar otras diligencias ordenadas por la jueza, por lo que "el final de la instrucción no puede considerarse algo inmediato".
