La magistrada Carmen Lamela, encargada del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, en el que se instruye el "caso Musel", ha citado en calidad de investigados a los nueve directivos de Dragados (grupo ACS), FCC Construcción, OHL (matriz de Sato) y Alvargonzález Contratas y de la UTE Dique Torres que negociaron en el Ministerio de Fomento los sobrecostes de la obra de ampliación de El Musel en marzo de 2006. La Fiscalía Anticorrupción solicitó su imputación por un supuesto delito de fraude, después de que sus nombres aparecieran en la agenda del expresidente de Puertos del Estado, Mariano Navas, como asistentes a una de las reuniones que se celebraron en aquella fecha junto con el entonces Secretario General de Transportes, Fernando Palao y con el presidente y director de El Musel, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato.

En la investigación judicial ya hay imputados numerosos representantes de la UTE Dique Torres y de las empresas que la integran; Dragados y FSP (grupo ACS), FCC Construcción, Sato (grupo OHL) y Alvargonzález Contratas. La investigación alcanza ahora a estamentos superiores de tres de las principales constructoras de España.

Entre los asistentes a aquella reunión, ahora investigados, destacan Juan Ernesto Pérez Moreno, en aquella fecha Adjunto al Presidente de Dragados; Rafael Martín de Nicolás, por entonces consejero delegado y miembro del consejo de administración de OHL y Francisco García Martín, que en el momento de las reuniones en Fomento era director general de FCC Construcción.

Sus nombres aparecen en la agenda de Mariano Navas que Puertos del Estado remitió a la jueza, a requerimiento de esta, como asistentes a la reunión que tuvo lugar el 14 de marzo de 2006. Los otros asistentes a esa cita en representación de las empresas y también imputados por ello, fueron el entonces director de obra civil de OHL y miembro de su comité de dirección, Joaquín Jiménez López; el Subdirector del Área I de FCC Construcción, Javier Lázaro Estarta y el Director de Participadas de Dragados, Octavio del Real, además de otros tres cargos que ya figuraban como investigados en la causa: El director gerente de Alvargonzález Contratas, Maximino Gorostiza Méndez, el entonces Director de Obra Civil de Dragados, José María López Piñol y el exgerente de Dique Torres, Juan Miguel Pérez Rodríguez.

Martín de Nicolás, Lázaro y Joaquín Jiménez han sido citados para el 8 de junio y los otros directivos han sido emplazados para el 6 de junio.

Losada, de testigo

Losada, de testigo

La agenda de Mariano Navas enviada a la jueza refleja tres referencias a temas del Puerto de Gijón entre febrero y abril de 2006. La primera es una reunión que en el despacho de Fernando Palao el 7 de marzo de 2006 a la que asistió Navas, quien reseñó en su agenda que acudiría el entonces presidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach.

La segunda referencia es la reunión del 14 de marzo de aquel año, en la que además de los cargos públicos asistentes, Navas reseñó en su agenda los nombres de los ejecutivos de las empresas que iban a acudir a la misma.

La tercera referencia es la visita que hizo Mariano Navas a El Musel el 29 de marzo de aquel año, en la que desmintió que se estuvieran negociando sobrecostes con las empresas, al igual que ya había hecho el presidente de El Musel días antes. Negaban de ese modo la información que publicó LA NUEVA ESPAÑA el 16 de marzo de 2006, dos días después de la reunión en Fomento, en la que desvelaba que se estaba negociando una modificación del proyecto de la obra que supondrían más de 100 millones de euros de sobrecostes en la misma.

La obra de ampliación de El Musel se adjudicó en enero de 2005 en 499,35 millones de euros (sin IVA), misma cifra en la que se licitó. La obra se liquidó en 2012 en 708,7 millones, incluyendo sobrecostes y actualización de precios.

A finales de 2007, después de que hubieran pasado las elecciones autonómicas, se tramitó un modificado del proyecto por 216 millones de euros, aunque finalmente el Puerto no lo llegó a pagar en su totalidad. En aquel modificado se amplió en 22 meses el plazo de ejecución de los trabajos. Ahora Dique Torres reclama en un contencioso otros 350 millones de euros, en su mayoría de supuestos nuevos sobrecostes.

Junto a las nuevas imputaciones, la jueza ha citado como testigo, para el 8 de junio, al catedrático de la Universidad de Granada Miguel Ángel Losada Rodríguez, quien realizó estudios técnicos para el Puerto sobre la obra.