Tres empresarios gijoneses se enfrentan hoy, en la vista oral que se celebrará en el Juzgado de lo Penal número dos de la ciudad, a una condena de cuatro años de cárcel para cada uno de ellos y el pago de una multa de casi un millón de euros por presuntamente haber defraudado a Hacienda más de 300.000 euros.

La acusación pública relata en el escrito de acusación cómo los acusados ostentaron durante los años 2006 y 2007 los cargos de administradores solidarios de una sociedad mercantil con domicilio fiscal en Gijón cuyo objeto social es la compraventa, intermediación inmobiliaria de terrenos, urbanización, parcelación y venta, arrendamiento y explotación de inmuebles, además de la promoción, fomento y construcción de edificios, la intermediación y asesoramiento inmobiliario, arrendamiento, el registro, gestión, tenencia, explotación y representación de patentes, la compraventa de materiales de construcción, la adquisición, tenencia, disfrute y administración de toda clase de valores mobiliarios y la participación en los capitales de otras empresas.

Durante los años señalados la actividad social de la empresa fue la adquisición, venta y alquiler de bienes inmuebles, y la suscripción, adquisición y ulterior venta de participaciones en otras sociedades que no cotizan en mercados organizados. La Fiscalía sostiene que los acusados, en su condición de administradores sociales de la mercantil, falsearon las declaraciones del impuesto de sociedades correspondientes a los años 2006 y 2007 consignando en concepto de base imponible una cantidad inferior a la real. El dinero supuestamente defraudado asciende a 310.449,07 euros.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de dos delitos contra la Hacienda Pública y solicita por ello que se condene a cada uno de los acusados a un total de 4 años de prisión y al pago de una multa de 931.347,21 euros. Además, en concepto de responsabilidad civil, los acusados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a la Hacienda Pública con la cuantía de la cuota defraudada, 310.449,07 euros, más los intereses legales correspondientes. El Ministerio Fiscal establece que responderá de esta cantidad la empresa de los acusados. Se da además la circunstancia de que uno de los acusados fue condenado en 2010 por estafa y, en otra ocasión, en 2011, por hurto.