El gobierno local de Foro Asturias trató por todos los medios, políticos y jurídicos, que la propuesta plenaria para dejar de pagar dietas a los concejales con liberación absoluta, o parcial, cuando estos acudiesen a reuniones de las empresas municipales no saliese adelante. Ni lo consiguió entonces, cuando el PSOE llevó la iniciativa a Pleno en noviembre de 2015 -y salió adelante con el voto favorable de todos los grupos a excepción de Moriyón y los suyos-, ni tampoco por la vía judicial ahora que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) desestimase el recurso presentado por Foro ante la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón en la que se dio la razón al resto de la Corporación.

"La insistencia en el cobro de dietas supone un nuevo varapalo judicial para Foro; era algo que estaba cantado y ya en enero les pedimos que dejasen de hacer el ridículo", criticó ayer el concejal socialista César González de quien nació la propuesta de suprimir este cobro extra al sueldo de los concejales por asistir a los consejos de administración de las empresas municipales a los que se agarraban los foristas.

La propuesta plenaria llegó a raíz de que el PSOE conociese que durante el primer mandato de Foro Asturias y Carmen Moriyón (2011-2015) los concejales liberados "se embolsaron aproximadamente 55.000 euros", según recuerda González. Un hecho "inédito hasta ese momento en el Ayuntamiento", aseguró el concejal socialista que aprovechó para recordar que durante esos cuatro años "Foro y el PP vetaron la presencia de la oposición en dichos consejos". De que elaborasen la propuesta plenaria que finalmente se aprobó por mayoría pese al voto en contra de Foro.

El texto acordado se puso en conocimiento de las empresas municipales para su ejecución y a partir de ese día no se volvieron a cobrar. El equipo de gobierno comenzó entonces una batalla contra la Corporación por dos vías judiciales pese a que los socialistas les instaron a no hacerlo para evitar tanto el gasto de recursos públicos que le supone al Ayuntamiento enfrentarse al pleito como la mala imagen que genera ver a un equipo de gobierno enfrentarse en los tribunales a la Corporación en Pleno.

Foro argumentó ante la justicia que el Pleno "no era el órgano competente para establecer cuestiones de incompatibilidad o prohibición legal alguna que deba imponerse para su cumplimiento a todas y cada una de las 19 entidades, organismos y empresas a las que se ha notificado el acto". Es más, sostuvo en su demanda que el Pleno "invadió competencias que corresponden a otros órganos de gobierno de las sociedades mercantiles".

Todo fue en balde. Ni la primera sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ni ahora la desestimación del recurso ante el TSJA les dan la razón. Ambos textos coinciden en que no se pone en duda la legalidad del cobro de dietas por parte de los concejales cuando éstos asisten a las reuniones en los consejos de las empresas municipales. Pero también dan legalidad a que el Pleno haga efectiva la supresión del cobro de dietas, es decir, prima el margen de libertad de las Corporaciones para determinar si es o no una actividad retribuida.

No obstante, Foro abrió otra vía en su día para lograr la razón y mantener las dietas: fue recurriendo las decisiones de las empresas en el mismo sentido pero en la vía mercantil. "A día de hoy no nos consta que hayan renunciado a esa opción", aclaró el concejal socialista César González.