La demanda sostiene que la creación del Instituto Covadonga fue a iniciativa de Moriyón, aunque formalmente lo constituyeron dos empresarios que son los que figuran como administradores de hecho y que fue ella quien planteó la adquisición de un mamógrafo digital y la contratación de una radióloga.
El abogado de los demandantes, Marcelino Abraira, señaló ayer que "hemos aportado datos suficientes en la demanda para que se la declare (a Moriyón) administradora de hecho", matizando que la decisión corresponderá al juez.
El magistrado autorizó a Torres y a Fernández a interponer la demanda en representación del Instituto Covadonga. La autorización judicial a los dos principales acreedores se debe a que la reclamación no fue formulada por el administrador concursal, quien ya ha emitido un informe solicitando que se califique de culpable el concurso de acreedores, responsabilizando del agravamiento del mismo a los dos administradores de derecho de la sociedad: Juan Bernardino García Peón y Ángel Fernández Álvarez. La fiscalía emitió en marzo un informe coincidiendo con el criterio del administrador concursal en el que señala, en base a la documentación que se le había aportado entonces, que no estaba acreditado que Moriyón fuera administradora de hecho ni que se hubiera producido una actuación fraudulenta.
Ahora el juez ha dejado en suspenso la tramitación de la calificación del concurso, dado que el resultado de la demanda presentada puede modificar las responsabilidades. La declaración de culpabilidad en un concurso lleva aparejada la inhabilitación de sus responsables para administrar bienes ajenos y para representar o administrar a cualquier persona.
La demanda de Torres y Fernández fue admitida por el juez el pasado jueves. Entre las pruebas que aportan los demandantes se incluyen correos electrónicos entre el Igualatorio Médico y el Instituto Covadonga, así como una carta de Moriyón al Igualatorio, de enero de 2010, ofreciendo sus servicios, hablando en primera persona de "mi consulta", en un momento en el que el Instituto Covadonga aún funcionaba.
Los demandantes han solicitado que Moriyón y representantes de los otros demandados declaren, así como que se designe un perito judicial que revise las contabilidades del Instituto Covadonga y del Igualatorio Médico y del Hospital de Begoña, determinando, entre otras cosas, las remuneraciones de estos últimos a Moriyón, si su relación era mercantil o laboral y si hubo clientes compartidos entre la sociedad en quiebra y el Hospital de Begoña y el Igualatorio.
