La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón se enfrenta a una nueva demanda judicial por su actividad profesional en el Instituto de Patología Mamaria Covadonga, anterior a que fuera elegida por primera vez regidora de la ciudad. En la demanda, promovida por dos de sus socios en el Instituto Covadonga -el notario jubilado Ángel Torres y el expresidente del Lions Club de Gijón, Luis Fernández Álvarez- se solicita al juez que declare a Moriyón administradora de hecho de la sociedad en quiebra, que eso fue producto de su actuación "dolosa" y que la condene solidariamente junto con el Igualatorio Médico y el Hospital de Begoña a aportar 491.000 euros a la masa activa de la quiebra.
Se trata del séptimo conflicto judicial en el que se ve inmersa la alcaldesa por el fiasco de aquel proyecto empresarial. Dos denuncias penales y una civil interpuestas por otros dos socios del Instituto Covadonga fueron desestimadas en 2011 y 2013, al igual que la presentada ante la fiscalía por Ángel Torres posteriormente. El exnotario retiró otro pleito civil contra sus antiguos socios, para optar por la vía mercantil. El séptimo pleito se saldó con una multa al exnotario por una falta de respeto en un acto público a Moriyón. Torres está haciendo frente, como avalista, a las cuotas de un mamógrafo adquirido por 300.000 euros por el Instituto Covadonga, equipo averiado en 2010 y valorado ahora en 2.000 euros como chatarra o para la venta de piezas.
Los activos de la sociedad en liquidación ascienden a 8.500 euros, sumando al mamógrafo inutilizado un ecógrafo tasado en 6.500 euros. El pasivo de la sociedad asciende por contra a unos 328.000 euros, de los que 160.000 son deudas con el exnotario y el expresidente de los Lions, quienes promovieron un concurso de acreedores necesarios del Instituto de Patología Mamaria, declarado por el magistrado del juzgado de lo mercantil número 3 hace un año.
La demanda, que se ventilará como un incidente concursal, señala que Moriyón "ostentaba desde el primer momento de la constitución de la sociedad y hasta su abandono, el auténtico poder fáctico, dada su condición de única socio médico, y que, además, tomó las riendas, con el consentimiento de los administradores de derecho, de la gestión de la sociedad, llevando la voz cantante en las negociaciones de ampliación de capital y entrega de la mayoría accionarial a las otras codemandadas, frustrando tal operación de consuno con ellas, en su propio beneficio y en el de las sociedades codemandadas". Negociaciones en 2010 con el Igualatorio Médico Quirúrgico y de Especialidades de Asturias y el Hospital de Begoña para incorporarles como socios, vendiéndoles el 51% del Instituto de Patología Mamaria.
Las negociaciones se plasmaron en un preacuerdo que iba a cerrarse en una notaría, lo que no llegó a ocurrir. En lugar de ello, según la demanda, Moriyón pasó a prestar servicios al Hospital Begoña llevándose los historiales clínicos de los pacientes, a la vez que el Hospital Begoña y el Igualatorio Médico adquirían otro mamógrafo.
La negociación se hizo en varias reuniones en la sede de la calle Cabrales del Igualatorio y en el Hospital de Begoña, en las que participaron por el Instituto Covadonga, Juan García Peón, Ángel Fernández Álvarez y Carmen Moriyón y por el Igualatorio, Pablo Hernández Fernández Canteli y José Luis Carcedo Fernández y "la operación tenía la condición necesaria e indispensable de la contratación de la doctora Carmen Moriyón", según la demanda. En las negociaciones intervinieron los despachos profesionales Silván y Asociados y KP Gabinete Asesor, así como el abogado Jesús Blanco.
Precisamente el economista Enrique Porto Rodríguez, de KP, ha realizado el informe pericial en el que se basa la reclamación económica de la demanda: por un lado, 261.657,50 euros por el fondo de comercio "obtenido como consecuencia de la transmisión forzosa de la clientela y saber hacer" del Instituto Covadonga al Igualatorio y por otro lado, 233.000 euros en concepto de daño emergente, por los pagos pendientes a Siemens del mamógrafo digital.
Ese informe pericial también es una de las bazas de los demandantes para solicitar que se declare a Moriyón administradora de hecho del Instituto Covadonga, dado que en el mismo se señala su "intervención decisiva y unilateral sin sujeción alguna al órgano formal de administración" en las negociaciones y posterior ruptura con el Igualatorio.
