La jueza de la Audiencia Nacional que instruye el caso de las supuestas irregularidades en las obras de ampliación de El Musel ha llamado a declarar como testigo a Joaquín Ayuso, ex alto directivo de Ferrovial, a quien el expresidente del Puerto de Avilés, Raimundo Abando, apuntó en su declaración como la persona que le aseguró que la obra portuaria "estaba adjudicada a Dragados de antemano". La declaración ya tiene fecha: el próximo 8 de junio.

ACS (de la que es filial Dragados, una de las empresas conformantes de la UTE Dique Torres a la que le fue adjudicada la obra del superpuerto) deberá remitir también al juzgado copia certificada de los extractos de las actas de todos los consejos de administración celebrados en esa empresa en los que se tomó "algún tipo de acuerdo en relación con la licitación, ejecución modificado o liquidación" del proyecto de ampliación del Puerto de Gijón. También deberá aportar a la jueza ACS, según providencia de la Audiencia Nacional del pasado 8 de mayo, copia certificada de los estudios previos de licitación y de la normativa interna que determine "la clase de operaciones o proyectos que en atención a su cuantía tengan que ser objeto de tratamiento y de toma de decisiones por el consejo de administración". Esta última certificación también se pide a las restantes integrantes de la UTE (Drace, Fomento de Construcciones y Contratas y Alvargonzález Contratas-Sato).

Por otra parte, la jueza instructora, Carmen Lamela, ha atendido la petición de la defensa de José Luis Díaz Rato, exdirector de El Musel en la época de la ampliación portuaria e investigado en la causa, de practicar nuevas diligencias en relación con la fecha de la autorización ambiental de la desulfuradora de la térmica de Aboño.

La magistrada acaba de pedir a la consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado que remita a la Audiencia Nacional el expediente administrativo sobre la citada autorización concedida a Hidroeléctrica del Cantábrico para construir la desulfuradora.

La defensa de Díaz Rato intenta rebatir la tesis del fiscal de que el Puerto sabía de antemano que no iba a poder utilizar piedra procedente de la cantera de Aboño para la obra de ampliación, ya que Hidroeléctrica había publicado un anuncio en el BOE en enero de 2004 licitando la desulfuradora de Aboño medio año antes de que el Puerto e Hidrocantábrico suscribieran un acuerdo de intenciones sobre el uso de la cantera.

Díaz Rato sostiene que HC ocultó esa información al Puerto y que, de ese anuncio en el BOE no se puede concluir que la obra de la desulfuradora fuera a coincidir con la de la ampliación de El Musel, adjudicada en enero de 2005.