Los responsables del área de Empleo del Ayuntamiento de Gijón empezaron esta semana decidiendo reactivar de manera total los actuales planes de empleo, tras acumular varias sentencias favorables al nuevo diseño de los contratos por obra y servicio. Y la cierran recibiendo un nuevo golpe judicial que le pueden costar unos 400.000 euros en indemnizaciones a las arcas municipales.

El revés llega desde el Tribunal Supremo donde los servicios jurídicos municipales presentaron un recurso de casación contra varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que daban la razón a un grupo de exbeneficiarios del plan de empleo "Gijón Inserta" de 2013-2014 en cuanto a la reclamación del pago de diferencias salariales. Estos trabajadores están asesorados por el servicio jurídico de la Corriente Sindical d'Izquierda (CSI).

Hay que recordar que los jueces entendieron que, con las condiciones de los anteriores contratos de los planes de empleo municipales, los trabajadores de estros programas estaban haciendo el mismo trabajo que el personal de la estructura fija del Ayuntamiento. Y por tanto tenían derecho a cobrar lo mismo. En estos casos que llegaron al Supremo, el Ayuntamiento consideraba que no había derecho a reclamar salarios ya que los trabajadores no habían reclamado en su momento el despido.

Los abogados de la CSI defendieron que no había razones para vincular ambos procesos y que los trabajadores podían reclamar esas diferencias de salario posteriormente. Su postura ha sido reconocida en el Supremo tras serlo antes en el TSJA y en los juzgados de lo Social.

Las dos sentencias que se acaban de conocer se corresponden a un total de 13 demandas que generarán un desembolso para el Ayuntamiento de 37.260,82 euros. Pero esto es sólo la punta del iceberg. Con esta decisión del Supremo, indica Xaime Aranda desde la Corriente, se reactivan decenas de casos que estaban pendientes de este dictamen. Sólo contando los trabajadores que han recurrido a este sindicato se esperan sentencias similares que podrían afectar a entre 70 y 80 trabajadores más y tener un coste en indemnizaciones entre los 300.000 y los 400.000 euros. Sin contar las costas judiciales a imponer al Ayuntamiento. Para la Corriente, el Supremo hace que el Ayuntamiento, y en concreto el director general de Empleo, Pelayo Barcia, "se retraten".

El goteo constante de sentencias desfavorables al Ayuntamiento en cuanto a la contratación de los trabajadores de planes de empleo, y que eleva a casi cinco millones de euros el pago en indemnizaciones, llevó al Ayuntamiento de Gijón a replantearse las condiciones de contratación junto a sus socios del pacto de concertación social "Gijón crece". Para evitar más sentencias, se optó por igualar las tablas salariales, introducir la modalidad de contratos en prácticas y definir en detalle el tiempo y la singularidad de la obra en los contratos por obra y servicio. A pesar de ello, llegaron las demandas y la alcaldesa, Carmen Moriyón, decidió en febrero suspender la selección de los 212 beneficiarios del nuevo plan de empleo regional hasta ver las respuestas de los jueces. Al ser positivas para el Ayuntamiento, el plan se puso en marcha.