Los acusados del supuesto fraude de subvenciones en Mina La Camocha se declaran inocentes

La Fiscalia y la Abogacía del Estado los acusan de participar en tres supuestos delitos por el supuesto desvío en los años 1998, 1999 y 2000 de parte de las subvenciones que recibió la explotación minera gijonesa a fines distintos para los que se le habían concedido. En concreto, el supuesto fraude consistió en la mezcla de unas 98.000 toneladas de carbón importado o nacional de cielo abierto -mucho más baratos, con la producción propia de Mina La Camocha- para su reventa a la térmica de Aboño. Mina La Camocha supuestamente adquirió directamente una parte de ese carbón justificándolo como destinado a vales para sus trabajadores, mientras que la mayor parte de las compras de mineral se camuflaron a través de empresas interpuestas; Hullas del Coto Quirós, del mismo propietario que Mina La Camocha y Trabajos y Explotaciones (Trabex), quienes habrían entregado el carbón a Mina La Camocha pero facturando por conceptos distintos.

El que fuera presidente de Mina La Camocha y de su consejo de administración, Manuel Martín Martín, negó en la sesión de ayer que gestionara la empresa, señalando a ese respecto al dueño, Fernando Luis García Brugos y al director general de servicios, Víctor Zapico, ambos fallecidos.

Martín sí reconoció que Mina La Camocha había adquirido carbón en aquel periodo en "no más de 16.000 o 18.000 toneladas", pero apuntó que la compra de mineral por una empresa minera no es ilegal. La denfesa siempre se ha apoyado en las compras directas de carbón se hicieron para entregar el cupo que le correspondía a cada trabajador por los vales.

Margarita García, por su parte, resaltó que su labor se limitaba a la contabilidad de facturas que ya le llegaban conformadas por los responsables de los servicios y también aludió al fallecido Víctor Zapico señalando que "era el que coordinaba todos los servicios", señalando también que era él quien "nos daba los datos del carbón". García insistió en que ella no era la máxima responsable del departamento financiero, sino "una técnica contable" sin capacidad de decisión.

Guillermo Alfredo Honrubia, apoderado de Trabex y de Hullas del Coto Quirós y con despacho en Mina La Camocha, señaló que en Coto Quirós "el que cortaba el bacalao era don Fernando pero el responsable era José Luis" en referencia a dos de los hermanos García Brugos ya fallecidos. Señaló que él se limitada a tramitar las órdenes que recibía, de Hullas del Coto Quirós de José Luis García Brugos y a veces indicaciones de su hermano Ángel Manuel pero como mero transmisor de las órdenes de José Luis. Respecto a Trabex, apuntó que inicialmente las órdenes las recibía del empresario Juan José Cachero y posteriormente de José Álvarez, este último propietario de una empresa de distribución de carbones, también fallecido.

Ninguno de estos tres acuasados quiso responder a las preguntas del Fiscal ni del Abogado del Estado, que ejerce la acusación particular. Sí respondió a todos Ángel Manuel García Brugos, quien afirmó no saber nada de todo esto, a pesar de que figurara como administrador único de Hullas del Coto Quirós. Señaló que allí lo puso su hermano cuando él era un estudiante en León y que aunque en un juicio penal que se celebró en Oviedo en 2006 se mostró conforme con una pena por tres delitos fiscales por la venta de carbón de Hullas del Coto Quirós a Mina La Camocha, sin haber declarado esas ventas a Hacienda, lo hizo siguiendo las indicaciones de su hermano Fernando Luis García Brugos, que fue además quien contrató los servicios del abogado que lo representó, Carlos Bueren. Fernando Luis García Brugos se encargó de pagar la multa a Hacienda por aquella sentencia hasta que falleció, tras lo que Angel Manuel García Brugos tuvo que entrar 9 meses en prisión para acabar de cumplir la sentencia.

El juicio se reanudó esta mañana después de que el magistrado rechazara las peticiones para archivar la acusación, anular el juicio o suspenderlo que habían formulado las defensas el la primera sesión de la vista oral, el pasado 5 de mayo. Éste es el segundo juicio por los mismos hechos, después de que la Audiencia Provincial anulara la sentencia impuesta en 2014 por la magistrada que entonces estaba al frente del mismo juzgado, al considerar que se extralimitó en sus interrogatorios a acusados y testigos.