Cinco miembros de una banda y dos cómplices, acusados de tráfico de drogas, se enfrentan a penas de cárcel que suman 53 años de prisión y multas de más de un millón de euros por un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal. Delitos cometidos, al menos, desde noviembre de 2015 en que comenzaron a realizar actividades destinadas al tráfico de sustancias estupefacientes, especialmente cocaína, que transportaban desde Madrid hasta Gijón y que fueron detenidos dentro de la llamada "Operación Tortellini". En la trama hay otros dos implicados, encargados de comprar la mercancía en la capital, que no han sido localizados.
Los acusados eran responsables de contactar con terceras personas para negociar la adquisición de las sustancias estupefacientes, del traslado de las mismas desde la capital -por carretera y en coches manipulados para ocultar la carga- y de proceder a su venta y posterior distribución en Gijón. Dos de los acusados, los únicos exentos del delito de pertenencia a grupo criminal pero procesados también por delito contra la salud pública, poseen un taller mecánico en León donde manipulaban y preparaban los vehículos empleados en el transporte de la droga, mediante el "caleteado de los mismos", siendo conscientes plenamente, según la acusación de Fiscalía, del destino que iba a dárseles a los mismos y además de obtener un beneficio patrimonial injusto.
Según el relato de los hechos de la Fiscalía, los propietarios del taller trasladaron un "Seat Ibiza", ya manipulado, desde León a Gijón en abril de 2016, para entregárselo al cabecilla del grupo. Este último, junto a otro de los acusados, condujo el vehículo hasta un camping en la localidad de Santa Marta (Valladolid) para cedérselo a los dos implicados que no han sido localizados y que lo llevaron hasta Alcalá de Henares para adquirir la droga que escondieron en el "Seat Ibiza".
La entrega de la sustancia se realizó en una gasolinera de Getafe. Allí aguardaban otros dos acusados -distintos a los ya mencionados- en un "Volvo XC70", repartieron la droga entre los dos coches y pusieron rumbo a Gijón por separado, uno conduciendo cada vehículo. Tras el peaje de la Magdalena, en la AP 66, fue interceptado por la Guardia Civil que localizó un hueco creado a tal efecto que contenía cinco paquetes que contenían 5.030 gramos de cocaína con una pureza del 80,8% que hubiese alcanzado los 216.706 euros en el mercado ilícito. Tras esta detención se fue localizando al resto de implicados. Cinco de ellos están en prisión provisional desde julio de 2016.
Los dos implicados con antecedentes -condenados por tráfico con pena de cárcel en 2012 y 2014- se enfrenta a nueve años de cárcel y 600.000 euros de multa por un delito contra la salud pública. Otros tres acusados se enfrentan a siete años de cárcel y 400.000 euros de multa. A ello hay que sumar otro año de prisión por pertenencia a grupo criminal -a uno de los acusados le piden dos años-. Los dueños del taller harán frente a cuatro años de cárcel y 100.000 euros de multa sólo por el delito contra la salud pública. La sección octava de la Audiencia Provincial acogerá la primera sesión de la vista oral por estos hechos el próximo 7 de junio en un juicio que se prolongará hasta el 22 de junio en seis sesiones.
