La defensa de Francisco Javier González Morán, el exportero de discoteca que se enfrenta al cargo de asesinato en grado de tentativa por apuñalar, en septiembre de 2016, al que fue su jefe -el veterano hostelero local Alejandro Imbérgamo- estima que existen circunstancias atenuantes "muy cualificadas" para que se le impute un delito de homicidio en grado de tentativa. El letrado, Rodrigo Gómez, litigará en el juicio, que se celebrará mediante la fórmula de jurado popular, porque la condena para su cliente se quede en cuatro años de prisión y una multa en concepto de indemnización de 3.576,46 euros.

La noche en que se produjeron los hechos, en el exterior de un pub en la calle Marqués de San Esteban, el presunto agresor no se encontraba en "perfectas condiciones volitivas" ni "consciente de la ilicitud de sus actos", según la defensa. Esta situación vital del acusado en el momento del ataque contra Imbérgamo se fundamenta en el consumo en altas cantidades de diferentes tranquilizantes como "tranxilium" y "gabapentina" además de cocaína. A todo ello hay que sumar que desde hace años, González Morán padece depresión y problemas de ansiedad que le obligan a estar sometido a tratamiento psiquiátrico con receta de los medicamentos citados.

Esta tesis de la defensa está avalada por informes médicos rubricados por facultativos de salud mental que reflejan que el procesado, en prisión preventiva desde que se produjo el altercado, "sufre dificultades para controlar sus impulsos e inestabilidad emocional, recurriendo en diversas ocasiones al consumo de cocaína". En suma, tras la ingesta de los tranquilizantes, dice la defensa, "perdió completamente la capacidad de entendimiento y el sentido no llegando a comprender hasta dónde llegaba la culpabilidad de sus actos". No obstante, en ningún momento, matiza el escrito de defensa, ingirió estos productos con el ánimo de causar la muerte de su exjefe.

Tras esta exposición, requiere que se impute el cargo de homicidio en grado de tentativa con una pena de cuatro años de prisión. En contra, se posicionan la Fiscalía y la acusación particular que valoran los hechos como constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa y piden para el acusados penas de diez y doce años de cárcel, respectivamente. El inicio de la vista oral, que acogerá la sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias, espera fecha.