El juzgado de lo Penal número 2 de Gijón celebró esta mañana la cuarta sesión de la vista oral del juicio por el supuesto fraude de subvenciones en Mina La Camocha, por la adquisición de unas 98.000 toneladas de carbón importado o de cielo abierto y la supuesta reventa a la térmica de Aboño como producción propia tras la su mezcla con el mineral extraído de la mina gijonesa.
En la sesión de esta mañana declararon como testigos siete guardias civiles de la Unidad Central de Investigación Fiscal Antidroga (UCIFA) que fue la que coordinó la investigación y de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón, que les sirvieron de apoyo tras haber detectado la supuesta entrada a la explotación minera gijonesa de cargamentos de carbón descargados en El Musel y los muelles del puerto de Avilés. La Benemérita estimó inicialmente el supuesto fraude en 87,85 millones de euros al entender que Mina La Camocha no tenía derecho a ninguna ayuda del periodo investigado, entre 1998 y 2000. Un informe posterior del Ministerio de Industria redujo la cuantía a 17,08 millones de euros, correspondiente a las ayudas por el tonelaje de carbón ajeno supuestamente introducido en la mina y revendido a la térmica de Aboño.
Los miembros de la Guardia Civil que declararon esta mañana ratificaron las diligencias que suscribieron en su día, durante el seguimiento y control a finales de 1999 de los camiones que llevaban carbón desde los puertos de El Musel y Avilés a la mina gijonesa; así como durante los registros de las sedes de Mina La Camocha en el número 6 de la calle Marqués de San Esteban y en las oficinas de San Martín de Huerces en 2001 y durante los arrestos y declaraciones de 14 personas vinculadas a Mina La Camocha y a las dos empresas que supuestamente le suministraron el mineral, facturándole por otros conceptos; Hullas del Coto Quirós y Trabajos y Explotaciones.
En el banquillo de los acusados se sientan actualmente cuatro personas. El que fuera presidente del Consejo de Administración de Mina La Camocha, Manuel Martín; la apoderada de la empresa, Margarita García; el administrador único de Hullas del Coto Quirós, Ángel Manuel García Brugos y el apoderado de Hullas del Coto Quirós y también de Trabajos y Explotaciones, Guillermo Alfredo Honrubia.
El juicio es la repetición de otro realizado en 2014 y que fue anulado por la Audiencia Provincial al considerar que la magistrada que entonces estaba al frente del juzgado se extralimitó al interrogar a acusados y testigos. En aquella ocasión también se sentaba en el banquillo de los acusados el que fuera apoderado de la mina y exconsejero de industria del Principado, Víctor Zapico, quien falleció con posterioridad. Un sexto imputado, el propietario de la explotación minera, Fernando Luis García Brugos, no llegó a juicio al haber fallecido durante la instrucción judicial de la causa, que comenzó en 2001. Las otras ocho personas que habían sido también detenidas en aquel año, no fueron finalmente acusadas, tras la instrucción de la causa.
