"Al entrar me extrañó que hubiera allí dos o tres sindicalistas". La frase la pronunció ayer durante la cuarta sesión de la vista oral del supuesto fraude de subvenciones en Mina La Camocha, uno de los agentes de la Guardia Civil de Gijón que participó en los registros de la sede social de la empresa, en la calle Marqués de San Esteban, y de las oficinas de la mina en San Martín de Huerces.
Fue precisamente en las oficinas junto al pozo en el que estaban aguardando los representantes sindicales. El agente ya había relatado ese episodio en la declaración que prestó en 2014 en el primer juicio del "caso Camocha", que fue anulado por la Audiencia Provincial.
La declaración efectuada hace dos años y medio difirió ligeramente de lo que ayer recordó. "Me dijeron 'no nos cerrarás los ordenadores de producción' ", señaló ayer el guardia, mientras que el recuerdo que tenía hace dos años y medio de aquel episodio es que le habían dicho "hombre, no nos cerrarás la mina". Este agente fue el encargado de extraer de los ordenadores de Mina La Camocha y de Trabajos y Explotaciones (que usaba la misma oficina) información en la que ahora se basa la acusación.
Los siete guardias civiles que testificaron ayer se remitieron a las diligencias e informes que habían realizado en su día y muchos de ellos no pudieron responder con detalle a las preguntas formuladas por las partes, debido al paso del tiempo.
El supuesto fraude de subvenciones, cifrado en unos 17 millones de euros por las acusaciones, presuntamente se cometió entre 1998 y 2000, al revender a la térmica de Aboño unas 98.000 toneladas de carbón de cielo abierto o importado por los puertos de El Musel y Avilés mezclado con la producción propia de la mina.
Algunos de los agentes que declararon ayer participaron en la vigilancia del traslado del carbón descargado en Avilés. Una parte de esos cargamentos iban a Mina La Camocha, mientras que otros camiones llevaban directamente el mineral hasta la térmica de Aboño según los agentes.
El carbón supuestamente lo suministraron Hullas del Coto Quirós y Trabajos y Explotaciones, camuflando supuestamente la operación con la emisión de facturas por otros conceptos. El expresidente de Mina La Camocha, una apoderada de la mina, el administrador único de Hullas del Coto Quirós y un apoderado de Coto Quirós y Trabex se sientan en el banquillo. Otros dos investigados ya fallecieron y contra otras 8 personas que habían sido detenidas en 2001 no se llegó a presentar acusación al concluir la instrucción del caso.
