El juicio por la "operación Tortellini -la investigación de la Guardia Civil que permitió desarticular en 2016 una supuesta red de tráfico de drogas que operaba en Gijón- quedó ayer visto para sentencia tras cuatro sesiones en los que los siete acusados, seis hombres y una mujer, intentaron convencer al tribunal de la sección octava de la Audiencia Provincial de su falta de participación en los hechos descritos.
La sesión de ayer sirvió para que los procesados ejerciesen el derecho a la última palabra. Carlos V. V., el acusado defendido por Ana García Boto, la abogada de José Ángel Fernández Villa, reiteró que durante el proceso "no he estado defendido correctamente". El miércoles, reclamó al juez tiempo para encontrar otro abogado pero el tribunal lo rechazó. García Boto aprovechó también para lamentar que "al haber perdido la confianza de su cliente", el tribunal debería haberle permitido nombrar a otra defensa.
Otro de los letrados, Guillermo Calvo, criticó la fiabilidad de uno de los testimonios de la Guardia Civil. Durante un seguimiento en Madrid, perdieron a uno de los acusados en la calle O'Donnell y le localizaron quince minutos después en la calle Claudio Coello. "Es imposible perder a alguien en pleno centro de Madrid encontrarlo un cuarto de hora después a 1.6 kilómetros de distancia, habiendo tenido que realizar en coche trece cruces y tomar en ellos la dirección correcta las treces ocasiones", aseguró Calvo. "Según los cálculos tenían una posibilidad frente a 166.000 y acertaron", añadió.
La Fiscal pide para José Ramón G. G., supuesto cabecilla del grupo, once años de cárcel; diez años para Francisco Javier C. P. y ocho años de cárcel, respectivamente, para Santiago A. G., Ismael S. B. y Carlos V. V. por un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal. Los otros dos acusados, dueños del taller en que se manipularon los coches para esconder la droga, afrontan cuatro años de cárcel. Además de multas económicas que superan los dos millones de euros.
