Francisco Fernández Marugán, adjunto primero al Defensor del Pueblo, ha requerido información al Gobierno del Principado, a la Autoridad Portuaria de Gijón y al Ayuntamiento de Carreño sobre la ampliación de la cementera de Tudela Veguín en Aboño, en terrenos protegidos por el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA). Este requerimiento del Defensor del Pueblo forma parte del expediente que la institución abrió el año pasado a raíz de la queja presentada por la Asociación de Vecinos "San Lorenzo" del Alto Aboño por la desaparición con la ampliación de la cementera de dos caminos rurales y su sustitución por otros en mal estado y con desniveles de hasta el 27,5%.
La ampliación de la cementera se produjo tras el desmonte de Peña María, terreno en la falda del Alto de Aboño, que fue explanado por la UTE Dique Torres. Esta UTE, que construyó la ampliación de El Musel, usó los materiales del desmonte en la gran obra portuaria. La cementera ganó espacio para construir una planta de cogeneración.
La obra se produjo después de que la Autoridad Portuaria expropiara 32 hectáreas del Alto de Aboño para obtener también del mismo materiales para la ampliación de El Musel. El Alto de Aboño pasaba así a tener usos portuarios, en virtud de la orden del Ministerio de Fomento de 1 de febrero de 2008 que incluía esos terrenos dentro del Plan de Usos Portuarios de El Musel. Esa decisión fue tumbada por una sentencia de la Audiencia Nacional del 17 de enero de 2011, tras un recurso presentado por el Ayuntamiento de Carreño. Tras la sentencia el Alto de Aboño volvió a ser suelo no urbanizable, protegido dentro del POLA.
Entre ambas fechas fue cuando se produjo la explanación de Peña María en la que se amplió la fábrica de cementos. El 26 de junio de 2008, el Consejo de Gobierno del Principado, autorizó a Tudela Veguín "el uso industrial de terrenos en el Alto Aboño dentro del ámbito del POLA", según los primeros informes remitidos por el Ayuntamiento de Carreño al Defensor del Pueblo. El Gobierno Local de Carreño concedía en noviembre de 2009 la licencia de obras a la cementera, en una fecha en la que el consistorio ya había impugnado la integración del Alto de Aboño como espacio portuario.
Con terrenos industriales al sur y la integración del Alto de Aboño como zona portuaria, en 2008 "no parecía lógico dejar las parcelas de Tudela Veguín dentro del POLA", según una de las respuestas del Ayuntamiento de Carreño al Defensor.
Ahora, el Defensor del Pueblo ha vuelto a dirigirse al Ayuntamiento de Carreño para que informe si entre la orden ministerial de 2008 y la sentencia de la Audiencia Nacional de 2011 "se llevaron a cabo en los terrenos en cuestión actuaciones de algún tipo por parte de la empresa Tudela Veguín S. A., y, en caso afirmativo, cuál fue la actuación municipal". Pero no se queda ahí y por primera vez tras la denuncia se dirige a otras administraciones: "igualmente cabe hacer esta pregunta tanto a la Autoridad Portuaria de Gijón, al ser entonces los terrenos dominio público portuario, y a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias, en virtud de sus competencias en materia de protección del medio ambiente".
La actuación del Defensor del Pueblo abre un nuevo frente sobre la expropiación del Alto de Aboño y la explanación de Peña María, que también se están investigando en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional dentro del "caso Musel", en el que la Asociación de Vecinos San Lorenzo y su presidente, José Prendes González, ejercen la acusación particular.
La queja ante el Defensor del Pueblo se formuló al considerar los denunciantes que con su ampliación la cementera se apropió de caminos vecinales sin que estos fueran desafectados del uso público, habilitando a cambio otros caminos de mayor recorrido y con malas condiciones para el paso de vehículos tanto particulares como agrarios.
En 2013 el Ayuntamiento había impuesto medidas a Tudela Veguín para mejorar los caminos, petición que reiteró en 2014 y 2015. Ese último año dio por buenos los arreglos que hizo la cementera.
Aún así, un informe de la Jefa Provincial de Tráfico de la Guardia Civil, de mayo de 2016, remitido por la asociación al Defensor del Pueblo, hace referencia a desniveles del 27,5% en los nuevos caminos, problemas de asfaltado y canalización, insuficiente anchura para el cruce de dos vehículos, falta de señalización e insuficiente cimentación de la vía cuyo estado califica de "tortuoso", con un "firme poco resistente que lo hace peligroso y deslizante".
El 29 de diciembre de 2016 el Pleno del Ayuntamiento de Carreño aprobó de manera definitiva por mayoría, con el voto en contra de Somos (marca local de Podemos), la desafección de los caminos públicos que desaparecieron con la ampliación fabril.
