A 693.000 euros se eleva el gasto máximo a autorizar en la nueva convocatoria de ayudas contra la pobreza energética que hoy lleva a votación la presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, la forista Eva Illán, en una sesión extraordinaria de la junta rectora de la entidad. La convocatoria supone mantener una de las líneas básicas del plan de choque contra la pobreza pactado a finales de 2015 por todos los grupos políticos de la Corporación. Básica en su planteamiento pero controvertida en su ejecución.

La oposición, tanto de izquierda como de derecha, ha denunciado en varias ocasiones la falta de agilidad y eficacia en la concesión de estas ayudas. Foro siempre ha justificado esos problemas con el argumento de la falta de personal en Servicios Sociales. La última denuncia es de mayo. A esas alturas aún estaban pendientes de pagar 1.689 ayudas de una convocatoria cerrada en octubre del año anterior. En total, se registraron 2.892 peticiones de ayudas energéticas: 2.427 recibieron una contestación afirmativa desde la administración municipal.

La nueva convocatoria se hace realidad en junio pero atañe, según se indica en las bases que hoy serán debatidas por los representantes políticos, a los gastos de consumo energético que se hagan en la vivienda habitual del peticionario en el periodo que va del 1 de enero al 31 de agosto de este año. El plazo para la presentación formal de las solicitudes de esta convocatoria comenzará cuando las bases sean publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) y terminarán el 15 de septiembre. Se trata de una ayuda por una cuantía máxima de 350 euros y que se abona en un pago único.

Los requisitos generales para ser beneficiarios de esta ayuda pasan por llevan un mínimo de un año empadronado en Gijón y tener unos ingresos brutos mensuales por unidad de convivencia que no superen los 905,27 euros para unidades de uno o dos miembros, 1.011,77 euros si son tres o cuatro miembros y 1.118,27 euros si la unidad está integrada por cinco o más miembros.

La junta rectora extraordinaria de Servicios Sociales de esta mañana también servirá, si no hay cambios de última hora, para movilizar cerca de 1,3 millones en favor de ocho entidades sociales de la ciudad a partir de la suscripción de convenios nominativos de colaboración de carácter plurianual. En todos los casos, los convenios que se plantean se prolongan hasta el año 2019 aunque la dotación económica a la que se da luz verde se corresponde exclusivamente al ejercicio de 2017. Para agilizar plazos y favorecer a las entidades -muchas de ellas agobiadas en sus finanzas por los problemas a la hora de cobrar las subvenciones municipales concedidas muchos tiempo antes- se plantea el abono anticipado del 80% de la ayuda.

Los convenios que hoy pasan por junta rectora tienen que ver con la Asociación Gijonesa de Caridad (521.300 euros), la Fundación Siloé (346.900 euros), el Colectivo Nacai (116.000 euros), la Fundación de Solidaridad Amaranta (75.400 euros), la Fundación Mujeres (52.900 euros), la Asociación Pro Inmigrantes de Asturias-APIA (52.900 euros), la Asociación de Familiares y Enfermos Mentales de Asturias-AFESA (30.000 euros) y Cáritas Diocesana (119.800 euros). En cada convenio se especifican los proyectos concretos que son motivo de la subvención y que, mayoritariamente, llevan años realizándose en la ciudad.