La Fiscalía Anticorrupción atribuye supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude al exsecretario de Estado de Transportes, Fernando Palao Taboada y al expresidente de Puertos del Estado, Mariano Navas Gutiérrez, por las reuniones que se celebraron en marzo de 2006 en el Ministerio de Fomento, y en las que según el fiscal se negociaron cambios en el contrato y los sobrecostes de la obra de ampliación de El Musel. La modificación técnica del proyecto se aprobó en diciembre de 2007, con un incremento del presupuesto de 250,94 millones de euros y una ampliación del plazo de 22 meses.
A una de esas reuniones, celebrada el 14 de marzo de 2006 en el despacho del Secretario de Estado, acudieron, además de él y Navas, el expresidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach; el exdirector del Puerto, José Luis Díaz Rato; el gerente de la UTE Dique Torres, Juan Miguel Pérez y directivos de alto rango de las empresas de la UTE o de sus sociedades matrices. Entre ellos, Juan Ernesto Pérez Moreno, en aquella fecha Adjunto a la Presidencia de Dragados; Rafael Marín de Nicolás, por entonces consejero delegado y miembro del consejo de administración de OHL y Francisco García Martín, entonces director general de FCC Construcción. Les acompañaron los directivos de OHL, Joaquín Jiménez López; de FCC Construcción, Javier Lázaro Estarta; de Participadas de Dragados, Octavio del Real y de Alvargonzález Contratas, Maximino Gorostiza Méndez. Todos ellos admitieron ante la juez su participación en la reunión y están imputados, al igual que el directivo de Dragados José María López Piñol, quien negó su asistencia, a pesar de que su nombre figuraba junto al de los demás en la agenda oficial de Mariano Navas, a la que tuvo que acudir el juzgado para averiguar la identidad de los directivos empresariales, ante la falta de memoria al respecto de los cargos públicos.
Las versiones sobre aquella reunión difieren. Rexach y Díaz Rato sostienen que se habló de los sobrecostes y el modificado del contrato, algo que la Dique Torres estaba intentando desde el inicio de la obra y a lo que ellos se resistían. El encuentro de alto nivel en Fomento supuestamente habría desbloqueado la situación. La intervención del Ministerio ya la venía apuntando el exdirector de El Musel desde antes de que la Audiencia Nacional abriera la investigación penal. En una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA publicada el 13 de abril de 2014, a raíz del informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) sobre la ampliación, Díaz Rato señaló que la decisión de negociar los sobrecostes la tomó la entonces Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez.
La versión que han dado ante la jueza los demás asistentes a la reunión en el despacho del Secretario de Estado es diferente. Los directivos de las empresas restaron trascendencia a aquel encuentro, indicando que fue un mero cambio de pareceres sobre cuestiones técnicas de la obra y sobre el problema del abastecimiento de materiales de cantera. En el mismo sentido se pronunciaron Palao y Navas cuando declararon ante la juez como testigos. Ahora volverán a ser escuchados, como investigados, el 20 de julio.
El fiscal ha dado más credibilidad a la versión de Palao y Rexach respecto a la de las otras nueve personas que admitieron haber participado en el encuentro. Anticorrupción sostiene que la reunión "resultó relevante en orden al cambio de criterio de la Autoridad Portuaria de Gijón con respecto al Modificado del Proyecto de Ampliación del Puerto de Gijón, modificado que desde el principio de la ejecución de la obra venía reclamando la UTE adjudicataria".
La Fiscalía se apoya en el contenido de las 61 actas del Comité de Gerencia de la UTE -que fueron remitidas de forma anónima a Anticorrupción- y en las anotaciones de las reuniones entre Díaz Rato y los gerentes de la UTE. En varios de esos documentos se alude a las negociaciones.
En dos de las actas del Comité de Gerencia de la UTE, del 22 de diciembre de 2005 y de 26 de enero de 2006 se hace referencia a la reclamación de modificación del contrato que Dique Torres planteó a Díaz Rato y Rexach el 16 de enero de aquel año.
En base al contenido de esas actas, la juez también ha solicitado al Puerto, a petición del fiscal, la documentación que tenga sobre la reunión del 16 de enero en la que supuestamente se habría planteado posponer el modificado del proyecto hasta después de las elecciones autonómicas de 2007, según se indica en un informe pericial elaborado por interventoras de la IGAE. También se ha solicitado al Puerto los estudios técnico económicos y jurídicos que esgrimió la UTE en la reunión de enero de 2006 con el Díaz Rato y Rexach.
Al parecer, la situación no se clarificaría hasta el encuentro de alto nivel del 14 de marzo de 2006 en el Ministerio. Dos días después de aquella cita en Fomento, LA NUEVA ESPAÑA publicaba que Puertos del Estado estaba negociando una modificación del proyecto que superaría los 100 millones de euros, información que desmentirían tanto Rexach como Navas. Un mes después, el 16 de abril de 2006, el Puerto comenzó a pagar, con carácter retroactivo, precios nuevos, al alza, en la obra de ampliación.
El Puerto no admitiría los sobrecostes hasta el año siguiente. El modificado fue aprobado técnicamente por el Consejo de Administración de El Musel en diciembre de 2007, después de un tenso debate en la reunión anterior, del 20 de noviembre. Previamente, Palao había reconocido públicamente los sobrecostes, originando un revuelo político que había obligado al Consejero de Infraestructuras y de El Musel, Francisco González Buendía, a dar explicaciones en el parlamento regional.
