El "caso Musel", investigado por la Audiencia Nacional a raíz de las sospechas generadas por los altos sobrecostes de la obra de ampliación del puerto gijonés en torno a la adjudicación y gestión de la misma y la utilización de la subvención europea concedida para su ejecución, ha abierto una profunda reflexión en Madrid. El Tribunal de Cuentas remitió a las Cortes Generales su informe de fiscalización de la ejecución por la Autoridad Portuaria de Gijón del proyecto de ampliación del Puerto de Gijón, relativo a los ejercicios 2012 y 2013. El mismo que reclamó la Audiencia Nacional para su investigación del "caso Musel" y que señala, entre otros muchos puntos, numerosas deficiencias en los pesajes de los camiones que llegaban con materiales para la obra de El Musel, lo que a juicio del órgano fiscalizador es clave, al depender el pago de sobrecostes a la UTE Dique Torres -unión de empresas adjudicataria de la gran ampliación portuaria- en buena medida del origen de las piedras empleadas.
Ese descontrol en la obra de El Musel apuntado por el informe llevó al debate en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del Congreso de los Diputados, que, en primer lugar, "asume el contenido del citado informe, así como sus conclusiones y recomendaciones" en un acuerdo publicado ayer por el Boletín del Estado.
Precisamente por ello, desde esta comisión del Congreso se realizan varias exigencias. Se refieren al Ministerio de Fomento para reclamarle más control y supervisión en los grandes proyectos de ejecución de instalaciones portuarias del país.
En concreto, exigen "que Puertos del Estado, como organismo encargado de la coordinación y del control de eficiencia del sistema portuario de titularidad estatal, ponga en marcha un sistema de control centralizado que, respetando la autonomía de las autoridades portuarias, contribuya a que en los grandes proyectos de ejecución de infraestructuras, durante la fase de redacción de los proyectos constructivos, se pongan todos los medios para 'evitar las modificaciones de los contratos que suponen un aumento inevitable de los costes'". Es decir, que establezca un sistema común para extremar las precauciones en el diseño de grandes obras con el objetivo de evitar en lo posible posteriores cambios que deriven en sobrecostes como los del "caso Musel".
A esta exigencia añaden otra destinada al Ministerio de Fomento: "Que, a través del organismo público Puertos del Estado, ejerza una función de supervisión en los procedimientos de contratación y ejecución de los grandes proyectos de infraestructuras cofinanciados con Fondos Europeos, para prevenir y evitar, en la medida de lo posible, la apertura de procedimientos de corrección financiera de los fondos comunitarios". No hay que olvidar que el "caso Musel" se originó en instancias comunitarias por la utilización de los fondos europeos destinados a la obra.
A estas dos exigencias lanzadas a Fomento hay que añadir otra petición que la comisión del Congreso realiza, en este caso al gobierno central del PP, al que instan a "colaborar con la OLAF -oficina europea antifraude- y la Audiencia Nacional para contribuir a depurar las responsabilidades judiciales derivadas de las negligencias e irregularidades durante la ejecución de las obras de ampliación del Puerto de Gijón".
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, presidida por Eloy Suárez Lamata, diputado del PP por Zaragoza, ha querido así hacerse eco del crítico informe del Tribunal de Cuentas sobre la ampliación portuaria de Gijón. El mismo que señala claras deficiencias en el control de la obra y que lanza recomendaciones en el sentido de las exigencias que ha hecho la comisión parlamentaria al Ministerio de Fomento. De hecho, el informe fiscalizador del Tribunal de Cuentas ya advierte de que el Estado debería incrementar su celo en los mismos puntos a los que le insta la comisión mixta del Congreso. El "caso Musel" ha abierto todo un debate sobre la gestión pública de los puertos.
