El exsecretario de Estado de Transportes y expresidente de El Musel Fernando Palao asumió ayer ante la jueza de la Audiencia Nacional que instruye el "caso Musel", Carmen Lamela, que fue él quien convocó la reunión celebrada en su despacho en marzo de 2006 en la que, según la Fiscalía, se negociaron los sobrecostes de las obras del puerto gijonés. Aunque negó que en la misma se decidiese respecto al incremento de coste de la obra, sobre el que versa el caso judicial, ya que, según Palao y Mariano Navas, expresidente de Puertos del Estado, fue cosa de los dirigentes de la Autoridad Portuaria de Gijón.

Fernando Palao y Mariano Navas ya declararon ante Lamela en octubre de 2016 en calidad de testigos, pero ayer lo hicieron como investigados, acusados por la Fiscalía de prevaricación, malversación y fraude por, según la acusación, presionar para que el Puerto de Gijón aceptase sobrecostes en su obra de ampliación para beneficiar a las empresas adjudicatarias que formaban la UTE Dique Torres.

En aquella declaración como testigo, Palao afirmó que se había producido una reunión en su despacho en la que participaron los dos declarantes de ayer además de varios directivos de las empresas integrantes de Dique Torres y los entonces presidente y director de El Musel, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato -todos ellos también investigados en el proceso- pero que no recordaba los nombres de los ejecutivos participantes. Ello obligó a a la juez a investigar la agenda de Mariano Navas, que reveló los nombres de los asistentes a la reunión que tantas sospechas levanta: el gerente de la UTE Dique Torres, Juan Miguel Pérez, y directivos de alto rango de las empresas de la UTE o de sus sociedades matrices.

Según fuentes presentes en las declaraciones de Palao y Navas, ambos "incurrieron en contradicciones respecto a su relato previo cuando asistieron como testigos". Aunque los dos negaron que el objeto principal de la reunión fuesen los sobrecostes, Fernando Palao sí reconoció que se hablaron de algunos aspectos de las obras como el encarecimiento de los materiales, pero sin que se tomase ninguna resolución. Mariano Navas, por su parte, negó que se tocasen temas propios de la obra y que el encuentro fue "poco más que una reunión entre amigos", según las mismas fuentes.

Ambos coincidieron en que la Autoridad Portuaria de Gijón, con su presidente y director a la cabeza, tenía autonomía suficiente para decidir unilateralmente los pagos por los incrementos del coste de las obras, cuyo presupuesto inicial era de 500 millones de euros y que acabó costando 708 millones, más IVA. Precisamente fueron Díaz Rato y Rexach los que aseguraron que en la reunión en Madrid se habló de los sobrecostes. El exdirector del Puerto de Gijón sostiene, de hecho, que fueron presionados por las autoridades ministeriales para dar vía libre a los incrementos en el precio de la obra.

En cambio, Palao y Navas, al igual que hicieron los altos directivos de las empresas supuestamente beneficiadas, declararon que tal presión no se produjo, descargando la responsabilidad sobre la decisión en Díaz Rato y Rexach. Mariano Navas declaró ayer que era habitual que se hicieran modificados de presupuestos en la mayor parte de obras portuarias y que él no daba el visto bueno a todas y cada una de ellas, sino que quedaba en manos de los responsables de cada puerto. En cualquier caso, El Musel recurrió a Puertos del Estado para financiar el sobrecoste y este organismo está obligado a revisar cada año su plan de inversión.

Además, hoy declararán ante la jueza Lamela los cuatro gerentes sucesivos de la UTE Dique Torres (Ana Isabel Dizy, Manuel Amaro Martínez, Juan Miguel Pérez y David López), imputados por un supuesto delito de cohecho en una pieza separada del "caso Musel" a cuenta del programa lúdico "A ver la ballena", que fue financiado por la UTE Dique Torres, que pagó por él 901.917 euros.