Los cuatro gerentes de la UTE Dique Torres -la unión de empresas que realizó las obras de ampliación del Puerto de El Musel- declararon ayer como investigados ante la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela por el denominado caso "A ver la ballena", una pieza separada del "caso Musel" en el que también están siendo investigados.

Este proceso toma nombre del programa lúdico "A ver la ballena", que se desarrolló entre 2005 y 2011 y cuya organización corrió a cargo de la Asociación Cultural Aeropuerto, que desarrolló alrededor de 350 actos, muchos de ellos dirigidos al público infantil, especialmente en el entorno de los Jardines de la Reina. El propósito de estas actuaciones, según declararon ante la misma magistrada hace unas meses otros imputados en la causa, sería compensar a los ciudadanos de Gijón por las molestias causadas por las obras de ampliación del puerto, ahora investigadas. Dique Torres desembolsó por el programa 901.917 euros, que supuestamente cargó en las facturas presentadas a la Autoridad Portuaria por las obras de ampliación. Los cuatro gerentes que tuvo la UTE (Ana Isabel Dizy Menéndez, Manuel Amaro Martínez Díaz, Juan Miguel Pérez Rodríguez y David López Navarrete) desfilaron ayer por la Audiencia Nacional.

Dizy declaró que Fernando Palao -presidente entonces de El Musel y más tarde secretario de Estado e investigado en la causa principal- propuso un 13 de mayo llevar a cabo estas actividades y que ella informó de esta sugerencia mediante correo electrónico a las empresas que participaban de la UTE. Sin embargo, el día 23 cesó como gerente de Dique Torres y fueron sus "sucesores" los que "llevaron a cabo el programa". En principio, el programa iba a financiarse como un patrocinio individual de cada una de las empresas y no de la UTE como tal, pero finalmente fue Dique Torres la que supuestamente patrocinó los actos, pagando diversas cantidades a la Asociación Cultural Aeropuerto, adjudicataria del programa de actos.

Ahí surge el problema de contabilidad que trata de aclarar la jueza Lamela. Por un lado, el presidente y el director del puerto -Menéndez Rexach y Díaz Rato, también investigados- dijeron en su declaración que se trataba de un mero patrocinio ajeno al puerto y que fue la UTE quien lo encargó y pagó directamente. La segunda hipótesis es que, al haberse incluido el casi millón de euros en la factura emitida por la UTE al puerto, fue éste el responsable de la contratación y por lo tanto deberían haber respetado las condiciones de adjudicación convocando un concurso público y no eligiendo una empresa a dedo.

El resto de exgerentes de la UTE declararon ante la jueza que ellos se limitaron a continuar con la financiación de "A ver la ballena" porque era un programa "ya consolidado", hasta que concluyó en 2011. La instrucción va dando pasos adelante y se acerca el momento de saber si el caso llegará a juicio oral o se extinguirá.