06 de agosto de 2017
06.08.2017

El juez fija para noviembre el juicio contra Moriyón por el Instituto Covadonga

El abogado de la Alcaldesa atribuye la demanda a "un nuevo episodio de la encarnizada persecución iniciada hace ya 5 años" por sus socios

06.08.2017 | 11:26

El titular del juzgado de lo mercantil número 3, con sede en Gijón, dictó el pasado 12 de julio una providencia mediante la que señala para el próximo siete de noviembre la vista por la demanda interpuesta por el notario jubilado Ángel Torres y por Luis Fernández Álvarez contra la Alcaldesa, Carmen Moriyón, y dos entidades sanitarias para que aporten 491.000 euros a la masa activa de la quiebra del Instituto de Patología Mamaria Covadonga. Moriyón fue directora médica de esa empresa antes de ejercer como alcaldesa, compañía que acabó dejando, yendo a pasar consulta en las dos entidades médicas también demandadas, con las que el Instituto de Patología Mamaria Covadonga había entablado negociaciones para venderles el 51% de la sociedad. Aquella venta nunca se produjo, el Instituto Covadonga quedó sin actividad tras la marcha de Moriyón y en 2016 Ángel Torres y Luis Fernández instaron su quiebra necesaria.

Los demandantes, Moriyón y los dos administradores de hecho del Instituto de Patología Mamaria, Juan Bernardino García Peón y Ángel Fernández Álvarez eran socios a partes iguales de la empresa. El notario avaló la adquisición de un mamógrafo por unos 300.000 euros, cuyas letras sigue pagando, y que quedó inutilizado por una avería. Por su parte a Luis Fernández la empresa le adeuda cerca de 80.000 euros.

Los demandantes sostienen que Moriyón se llevó en 2010 las historias clínicas de los pacientes cuando pasó a prestar servicios a los otros centros demandados y le atribuyen a todos ellos la quiebra del Instituto Covadonga. Los demandados recalcan que la empresa en concurso ya atravesaba dificultades económicas antes de que se marchara Moriyón, después de un año sin cobrar y que su marcha no causó ningún perjuicio al Instituto Covadonga, que podía haber contratado a otra facultativa.

Los demandantes también sostienen que Moriyón era la administradora de hecho del Instituto Covadonga y han solicitado al juez de lo mercantil que paralice la calificación del concurso de acreedores -en la que el administrador concursal había establecido la culpabilidad en la quiebra de los dos administradores de hecho de la sociedad- hasta que se ventile el incidente concursal en el que piden que Moriyón y las dos instituciones médicas para las que trabajó aporten 491.000 euros a la empresa concursada, que se destinarían al pago de las deudas con los acreedores. El magistrado ha suspendido la ejecución de la calificación del concurso, en contra de lo que había solicitado el abogado de Moriyón, el letrado Luis Llanes Garrido, socio del bufete Ontier, que señala que Moriyón se limitaba a ejercer la dirección médica del Instituto Covadonga mediante contrato.

La defensa de la Alcaldesa, así como la de las entidades médicas demandadas, también habían realizado varias alegaciones para evitar que se celebrara la vista, entre otras cuestiones argumentando que este nuevo pleito versa sobre una "cosa juzgada", en relación a la demanda que los dos administradores de hecho del Instituto Covadonga habían interpuesto por la vía civil contra Moriyón en 2012 por incumplimiento de contrato, pleito del que salió airosa la hoy Alcaldesa. Pese a la petición de las defensas, en noviembre se celebrará el juicio.

El abogado de Moriyón repasa en la contestación a la demanda varios de los conflictos legales en los que se ha visto envuelta la regidora municipal por su actividad médica anterior. "Nos encontramos ante un nuevo episodio de la encarnizada persecución iniciada hace ya 5 años con la presentación de una demanda que es un nuevo brindis al sol", se indica en el escrito de defensa de Moriyón. Un planteamiento que no es compartido por el abogado de los demandantes, Marcelino Abraira, quien recuerda que ésta es la primera demanda que presentan sus patrocinados contra la Alcaldesa y que fueron autorizados por el juez para hacerlo en defensa de la sociedad en quiebra al no haberlo realizado el administrador concursal.

Perito judicial

Además de la Alcaldesa, en el juicio también declararán a petición de ella los demandantes y los otros dos socios de la empresa en quiebra. Prestarán declaración también tres peritos; uno propuesto por los demandantes, otro por los centros médicos demandados y un tercero que es un auditor de cuentas de Oviedo, que ha sido designado por el magistrado. El nombramiento de este perito judicial fue solicitado por los demandantes y sus conclusiones pueden ser una de las claves para inclinar la balanza hacia un lado u otro en el pleito.

El perito judicial revisará las contabilidades de las dos sociedades médicas demandadas y la de la sociedad en quiebra para determinar, entre otras cosas si hubo clientes compartidos entre la sociedad en quiebra y las dos entidades médicas demandadas, así como las remuneraciones de estas últimas a Carmen Moriyón y si su relación contractual era mercantil o laboral.

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