17 de agosto de 2017
17.08.2017

El pacto de concertación social impone 36 millones al nuevo presupuesto municipal

Los compromisos en empleo y promoción económica, los presupuestos participativos y los gastos fijos limitan el diseño de las cuentas de Foro

17.08.2017 | 13:14
Banderas de Gijón, España, Asturias y Europa, ante la fachada de la Casa Consistorial.

A cuadrar las grandes cifras del presupuesto municipal del año que viene tendrá que dedicarse el equipo forista de Carmen Moriyón en los próximos días. Pero por mucho que quiera el gobierno, o le exijan luego los partidos de la oposición en la fase de negociación política, no hay demasiado margen de maniobra para novedades de campanillas. Lo primero es cumplir con lo comprometido, que es mucho. El pacto de concertación social "Gijón crece" -firmado por el Ayuntamiento con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) como representante de la patronal- impone incorporar a las cuentas municipales unos 36 millones en acciones vinculadas al empleo y la promoción económica. Es la parte que le correspondería al Ayuntamiento de Gijón de los 40,3 millones fijados en el diseño económico del "Gijón crece" para el año 2018.

El cronograma de acciones para el año que viene incluye, entre otras muchas partidas, más de un millón de euros para generar techo industrial, casi tres millones para servicios y productos turísticos, alrededor de siete millones y medio para rehabilitación de fachadas como elemento dinamizador del sector de la construcción y ocho millones para planes de empleo. En general serían unos 21,8 millones para los ejes de trabajo en el ámbito de la promoción económica -industria, sectores habilitadores, sectores de especialización y líneas transversales-, otros 18,4 millones para empleo y responsabilidad social y unos 670.000 euros en concepto de gestión de servicios centrales.

También será necesario incorporar al diseño de las cuentas municipales del año que viene el resultado del proceso de presupuestos participativos que ahora mismo está en marcha. Son, por un lado, cinco millones en inversiones a decidir por votación popular y, por otro, tres millones de euros a repartir entre los barrios a través de las propuestas que se elijan en los consejos de distritos. Así que ya hay ocho millones de euros en los que nada tiene que decir el Ayuntamiento. Todos en el ámbito de la inversión, el de mayor lucimiento para un gobierno.

Pagos plurianuales

A esas sumas obligadas de 2018 hay que incorporar dineros vinculados a obras de largo recorrido -algunas tan destacadas como las reformas de barrios degradados o la rehabilitación del edificio de Tabacalera en Cimadevilla-, al mantenimiento de la renta social municipal como nuevo elemento central de la política social con un gasto mínimo de seis millones, al pago de la deuda con los bancos, al cumplimiento con las obligaciones que el Ayuntamiento tiene como socio, por ejemplo, de Gijón al Norte o la Zalia y a muchos convenios nominativos con entidades del entramado asociativo local con las que se firmaron ese año acuerdos de carácter plurianual.

Y sobre todo esto están los gastos corrientes y de personal, que se llevan año tras año entre el 40 y el 50% del monto total del estado de gastos del Ayuntamiento. Para este 2017 el presupuesto aprobado en Pleno fijaba unos gastos de personal de 58 millones y dedicaba otros 38 millones a gastos corrientes en bienes y servicios sobre un global 227,3 millones. Todo esto antes de los ajustes presupuestarios que se han ido realizando en lo que va de año y la incorporación de mejoras pactados con la representación sindical de los trabajadores. Raro será que los gastos de personal bajen de los 60 millones.

La semana que viene está fechado el cierre del plazo dado a los responsables de cada departamento municipal para hacer llegar a la concejalía de Hacienda sus necesidades para el año 2018. Entonces será el momento de computar todas esas demandas y hacer sumas y restas teniendo en cuenta la previsión de ingresos, que mucho tendrá que ver con el acuerdo final al que lleguen gobierno y oposición en el debate sobre las ordenanzas fiscales.

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