La guerra abierta en el Real Grupo de Cultura de Covadonga está cada vez más cerca de terminar en los tribunales. Se recrudece la batalla planteada por un grupo de socios que ha iniciado un proceso de moción de censura contra la directiva de Antonio Corripio. Pero, además de estos dos contendientes, ha surgido un tercer frente, el de la comisión electoral, criticada por ser "juez y parte" desde el sector crítico con la directiva después de que anulase el proceso de recogida de firmas por defectos de forma. La comisión, formada por los socios Jesús Vigil Pellón, Alejandro Rionda González y Zulima Olano Abad, contestó ayer con dureza a esas acusaciones a través de un comunicado.
En el mismo, denuncian "públicamente las presiones, verdades a medias, mentiras y amenazas de represalias vertidas por parte de algunos de los promotores de la recogida de firmas". Aseguran que "cuando un componente de la comisión electoral le comunicó (a uno de los promotores de la moción de censura) por vía telefónica la resolución adoptada el 11 de agosto de 2017 de nulidad del procedimiento de recogida de firmas, este socio le contestó diciéndole: 'nos veremos en los tribunales porque pienso demandar a la comisión electoral y si gano voy a pedir que os expulsen del Grupo a los que estáis en la comisión electoral'".
A lo que añaden en el comunicado que "en caso de que se vuelvan a producir hechos como" los relatados, se reservan "el derecho de ejercer las acciones legales que corresponda".
"Esta comisión electoral puede entender que D. Melchor Fernández -uno de los promotores de la moción de censura- o cualquier otro socio no esté de acuerdo con las resoluciones que ésta tome, pero lo que es totalmente incomprensible es que los componentes de ésta comisión se vean sometidos a ataques y descalificaciones personales y también es totalmente inaceptable que se ponga en duda la honestidad y honorabilidad de cada uno de ellos simplemente por cumplir de la mejor manera posible el cometido para el que fueron elegidos", reza el comunicado emitido ayer, motivado en buena medida por declaraciones hechas por impulsores de la moción de censura a este diario.
Igualmente, Jesús Vigil, Alejandro Rionda y Zulima Olano, recuerdan que "los componentes de esta comisión fueron elegidos en votación pública de los socios del Grupo en la asamblea extraordinaria del 25 de febrero de 2016 por un periodo de 4 años". De igual forma, defienden que han actuado y siguen actuando ajustándose a los estatutos y las normas. "Esta comisión electoral sigue actuando con imparcialidad, independencia y respeto a la legalidad ante los promotores de la recogida de firmas para una moción de censura y la junta directiva del Grupo Covadonga", afirman en el comunicado.
Del mismo modo, la comisión electoral volvió a publicar ayer en el tablón de anuncios del Grupo una resolución reafirmándose en la nulidad del proceso de recogida de firmas por parte de los impulsores de la moción de censura. En la misma recuerdan que la resolución anterior en la que anunciaron la anulación del proceso además de ser colgada en el tablón de anuncios sí fue notificada a los críticos, pese a que éstos lo nieguen. Aseguran que se le envió un burofax a Melchor Fernández, que no pudo ser entregado en su domicilio dejándole aviso de ello. Asimismo hablan de otro burofax, sí recepcionado supuestamente por María Dolores Lavilla del Río.
"Procede declarar la firmeza de la resolución puesto que no se ha recibido recurso frente a la misma, a la vista de lo cual procede retirar del tablón la documentación relativa al proceso de firmas", señala la resolución, en la que además deciden "solicitar nuevamente a los promotores la devolución de los pliegos en su día entregados" para la recogida de rúbricas.
La razón de la nulidad
La razón de la nulidad fue aclarada por la comisión electoral en el comunicado de ayer. "El único motivo fue la reclamación de una socia que manifestó que en el escrito en el que unos socios anunciaban su intención de promover la recogida de firmas, figuraba una persona con su número de socio y solicitaba que se corrigiese. Al comprobar que lo que decía esta socia era cierto y ante la complejidad de la cuestión, la comisión electoral solicitó el asesoramiento jurídico de dos abogados y ambos en sus respectivos informes expresan un dictamen coincidente", en base al cual decidieron anular la recogida de firmas e instar a los promotores de la moción de censura a devolver los pliegos y suspender el proceso.
Éstos, sin embargo, continúan adelante con sus intenciones y no están dispuestos a ceder, por lo que por esta cuestión también todo apunta a que puedan acabar en los tribunales. Hoy se reúnen para tomar decisiones al respecto.
