Solvia, uno de los principales promotores y gestores inmobiliarios de España que cuenta con el porcentaje mayoritario en la Junta de Compensación del plan de reforma (Peri) de El Arbeyal, se reunirá en el mes de septiembre con el gobierno municipal de Gijón "para acordar con ellos cómo se instrumentaliza la aplicación de la sentencia" que anula el acuerdo del Pleno municipal que en 2015 renunciaba a cobrar los cerca de 800.000 euros equivalentes al 10% del aprovechamiento del Peri, porcentaje que la Junta de Compensación tiene que ceder al Ayuntamiento.
Así lo han indicado fuentes de Solvia, que apuntan que ellos, al igual que hará el Ayuntamiento de Gijón, desistirán de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias la sentencia del juzgado de lo contencioso número 1 de Gijón, que el mes pasado declaró nulo el acuerdo plenario de 2015.
La Junta de Compensación que se encargará de este desarrollo urbano está integrada, además de por Solvia, por el propio Ayuntamiento de Gijón y por el Club Natación Santa Olaya. El Ayuntamiento había aprobado el plan de El Arbeyal en 2011, cuando al frente del mismo aún estaba Bruesa, sociedad que entró en crisis y acabó vendiendo su parte a Solvia. El plan especial de reforma interior de El Arbeyal, aprobado por el Ayuntamiento en febrero de 2011, contemplaba la entrega al consistorio del 10%, rechazando la petición de los promotores de que renunciara a que le entregaran ese aprovechamiento. En 2015, los ediles de Foro Asturias y el PP aprobaron en un pleno el cambio de criterio, que el PSOE impugnó ante los tribunales, ganando ahora el contencioso.
De la negociación de la Junta de Compensación liderada por Solvia con el Ayuntamiento podría derivar algún tipo de cambio en el proyecto previsto. La Junta tendrá que decidir el reparto de los aprovechamientos entre sus partícipes en un proyecto que prevé la creación de un nuevo área residencial entre el edificio de la EMA y el Club Natación Santa Olaya, en una antigua zona de naves industriales que ya han comenzado a derribarse. En ese espacio está previsto levantar unas 200 viviendas, crear zonas verdes y un área dotacional que podría permitir la expansión del Club Natación Santa Olaya. El plan actuará sobre una superficie de 21.852 metros cuadrados.
Los derribos están avanzando, con la retirada de los tejados de uralita (amianto). También se han echado abajo ya varias de las edificaciones. Hay tres propietarios que se han opuesto a las expropiaciones y que por el momento han conseguido evitar el derribo de sus naves y casas. Una de ellas es la última vecina de la zona, mientras que de las dos naves industriales cuyos dueños también están intentando anular judicialmente las expropiaciones, una sigue con actividad, Mármoles Santa Olaya, con cuatro trabajadores además de sus propietarios.
Empresarios afectados y vecina consideran que las cantidades que les han ofrecido no cubren sus necesidades, en el caso de la marmolería para trasladarse a otra nave industrial y en el de la vecina para adquirir y reformar una vivienda de segunda mano. Salvo estos tres propietarios, el resto sí han aceptado las ofertas que les ha hecho la Junta de Compensación.
Respecto a las quejas de los expropiados que se resisten, Solvia insiste por en que "hemos cumplido escrupulosamente la legalidad, incluso más allá, con propuesta honesta y generosa a los propietarios que quedan, porque nuestro objetivo en todos los casos ha sido acordar de forma adecuada el justiprecio. De hecho, el ejemplo más claro es que con todo el resto de afectados no ha habido problemas". La promotora sostiene que ha planteado ofertas a los expropiados por encima del precio marcado en el justiprecio y "acorde con la situación actual" del mercado.
La última en vender ha sido otra vecina de edad avanzada que residía en la zona, en la que la mayor parte del terreno estaba ocupado por industrias. Previamente también llegaron a un acuerdo de venta los hermanos José Luis y Baldomero Castro, que con una nave de 297,04 metros cuadrados se habían adherido inicialmente a la Junta de Compensación, para participar en la promoción. Sin embargo, el pasado 31 de marzo llegaron a un acuerdo para la venta de su nave, saliendo por tanto de la Junta.
Desde Solvia recalcan que "somos una compañía industrial, con un 'expertise' y una profesionalidad contrastada a nivel nacional y procuramos, siempre que es posible, trabajar con empresas locales en los proyectos que desarrollamos. De hecho los trabajos que se están llevando a cabo ahora mismo los realiza una empresa asturiana, la dirección técnica de la obra es local y haremos lo posible para que en la futura construcción colaboren empresas asturianas", agregando que el proyecto que van a desarrollar "se ha declarado de interés general".
