La Corporación gijonesa empieza curso escolar con muchas tareas que afrontar. Desde reactivar la tramitación del Plan General de Ordenación a encarrilar un nuevo Plan de Movilidad sin olvidarse del diseño de las cuentas para el año que viene. Pero también hay mucho trabajo pendiente en lo que tiene que ver con renovar las normas que marcan el día a día de la vida municipal o el día a día de la vida de los ciudadanos por orden de la autoridad. Estos cambios normativos que debe impulsar el gobierno de Foro vienen impuestos, en unos casos, por la necesidad de adecuar reglamentos y ordenanzas antiguos a la realidad actual y, en otros, por mandatos plenarios a partir de propuestas de la oposición.
El plan normativo para 2017 fija once actuaciones que están en muy distintas fases de elaboración. En materia de ordenanzas, y después de haber aprobado en mayo la referida al medio ambiente, hay que concretar las propuestas normativas sobre ruido, regulación del régimen general de concesión de subvenciones y ayudas del Ayuntamiento, administración electrónica, accesibilidad universal y protección de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales. La revisión de esta última ordenanza, más conocida como ordenanza cívica o "antibotellón" y que esta vigente solo desde 2013, la impuso el Pleno en septiembre de 2015 a través de una iniciativa del PSOE que logró la unanimidad de los seis grupos políticos. Tras presentarse un borrador en 2016 y realizarse varias reuniones de trabajo el proceso quedó en suspenso. El último movimiento fue en enero de este año con la propuesta de crear un foro de debate al estilo del Foro de la Movilidad.
Modificar la ordenanza municipal del ruido fue un mandato Plenario del año pasado que se vinculó al proyecto de revisión del mapa estratégico del ruido, ahora en información pública. Y también de un Pleno de 2016, con unanimidad sobre una proposición de Ciudadanos, surge el proyecto de elaborar una ordenanza de accesibilidad universal, que se ha estado debatiendo con las entidades del sector de la discapacidad y a partir de un documento tipo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
En materia de reglamentos quizás el más singular tiene que ver con el trabajo de los grupos políticos para reformar el reglamento de funcionamiento del Pleno. La decisión plenaria se tomó en enero del año pasado también por unanimidad sobre una propuesta compartida de Ciudadanos y Xixón Sí Puede. La reuniones de trabajo aún no han terminado -van por el artículo 91 de 127- aunque ya hubo adelantos como volver a fijar las sesiones plenarias por la mañana.
También están en marcha modificaciones en el reglamento orgánico de participación ciudadana y en los reglamentos de los consejos sectoriales de Mujeres, Bienestar Social, Cultura y Protección y Bienestar Animal. En el ámbito de la participación ciudadana, la revisión en marcha tiene como antecedentes dos acuerdos plenarios de 2016, uno de enero y otro de abril pero ambos por iniciativa de Izquierda Unida. La idea general es "definir un nuevo modelo de participación que cuente con un consenso social y político y permita avanzar hacia una democracia participativa de mayor calidad".
