"Lamentamos que en el siglo XXI todavía ocurran casos como el que ha ocurrido aquí en Gijón en el que al parecer incluso se atenta contra la libertad de expresión, que es el fundamento de las libertades". El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Tardá, valoraba ayer así el veto del gobierno local de Foro Asturias a que se celebrara en un local municipal la charla titulada "Cataluña, de la Transición al Referéndum", que finalmente tuvo lugar en los locales de La Mazorga, con alrededor de un centenar de asistentes, parte de los cuales no pudieron acceder a la sala por falta de espacio. Entre el público, el secretario general de Podemos en Asturias, Daniel Ripa y los concejales de Xixón Sí Puede Verónica Rodríguez y Orlando Casanueva. También militantes de Podemos, del PCPE, del sindicato CSI, socios del Ateneo Republicano de Asturias, de Memoria y República, de Famyr y de la Sociedad Cultural Gijonesa. Hoy a la una de la tarde han convocado una protesta en la Plaza Mayor.
Para Tardá, la prohibición municipal "sirve para darnos cuenta de que la democracia en la que vivimos es frágil y hay quien pretende manipularla hasta extremos absurdos". Tardá llegó a Gijón con un brazo en cabestrillo, roto durante un acto en El Mazucu (Llanes). Junto a él intervinieron un representante de la CUP, otro de Catalunya en Comú y los organizadores del acto.
El congresista de ERC señaló que "estamos convencidos de que la proclamación de la República de Cataluña puede ser una palanca para abrir un proceso constituyente en el Estado español que podría culminar, ojalá, con la proclamación de la III República Española".
Tardá señaló que intentan hacer de Cataluña una república independiente "para hacer dos cosas: Una, repartir mejor la riqueza, porque si no, no se podrá garantizar la vida digna de las personas, y en segundo lugar construir una democracia de calidad, participativa, en la que no quepa la corrupción y que no esté supeditada a los poderes financieros".
Respecto al enfrentamiento con el Estado, admitió que es posible que éste pueda evitar que se haga el referéndum, " ahora para impedir la celebración del referéndum tendrán que vulnerar nuestros derechos civiles y el President Puigdemont lo ha dejado muy claro; él está dispuesto a ir a la cárcel y lo que no hará nunca este gobierno presidido por Puigdemont es traicionar el mandato democrático y el compromiso que hemos adquirido con la ciudadanía" opinando que "puede ocurrir que en el Estado español vuelva a haber presos políticos, porque ellos están dispuestos a impedirlo y nosotros estamos dispuestos a hacerlo".
Respecto a la reacción del Estado, Tardá recordó algunas cifras: Hay ya 401 causa judiciales abiertas contra ediles que ratificaron en los plenos municipales los acuerdos del parlamento catalán y más de 700 alcaldes contra los que está actuando el Fiscal General del Estado. "Que hagan lo que consideren oportuno, yo sólo puedo afirmar qué haremos nosotros; el día 1 de octubre abriremos los colegios electorales y los ciudadanos de Cataluña votarán sí, votarán no o no irán a votar; eso no lo sabemos. Pero lo que sí puedo decir es que lo haremos. De hecho, la campaña electoral se está haciendo, con dificultades, puesto que la Guardia Civil está entrando en los periódicos y en las redacciones de las revistas, está buscando el material de propaganda. En el mundo actual querer parar la voluntad de un pueblo persiguiendo los carteles es un tanto ridículo" y añadió que cada vez que la Guardia Civil va a una imprenta, acuden ciudadanos a la puerta para entonar canciones populares, "no para abuchear, que no lo haremos nunca. Este aire festivo es lo que está inundando a Cataluña. No caeremos en ninguna provocación, no habrá ni un atisbo de violencia, que les iría muy bien. Hemos hecho grandes movilizaciones. La última el 11 de septiembre, se movilizaron 800.000 personas o un millón de personas y tan sólo se rompió una papelera".
El diputado de Esquerra admitió que hace una década no pensaban que pudiera llegar a darse la situación actual, pero "a veces la historia coge velocidad como un caballo desbocado y está ocurriendo algo que no habíamos previsto. En 2004 los independentistas éramos un 12% a un 14%" y lo que veían entonces factible era conseguir un estado federal. Pero "la historia se ha acelerado, sea por la crisis económica, sea por la incapacidad del Estado español de reconocerse como un estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico, sea por la razón que fuere, esto ha cogido velocidad".
Tardá y otros contertulios atribuyeron la situación al gobierno central del PP. "Cuando los escoceses en un 44% votaron independencia, Edimburgo y Londres negociaron. Al cabo de dos años, los catalanes en un 48%, que es menos de la mitad, pero es más que los escoceses, votamos independencia, Madrid en vez de negociar dijo que ni quería ni podía. De manera que ahora estamos ante un choque entre dos legitimidades y dos legalidades que nacen de las urnas. El señor Rajoy no tiene nada que ver con la derecha británica, que ellos sí que negociaron. Ya no les hablo de cómo noruegos y suecos negociaron a principios del siglo XX la separación", indicó.
Respecto a qué pasará si se puede votar en unas zonas de Cataluña y no en otras por la retirada de urnas señaló que "no hemos fijado nunca un umbral en la participación, porque estaríamos estimulando la abstención. Vamos a ver cómo se desarrolla el día de autos. Es cierto que si no fuera normal, el debate de la participación dejaría de ser prioritario. Pero nosotros no contemplamos que no se pueda celebrar de forma normal, porque la respuesta de los ayuntamientos ha sido extraordinaria", incluyendo el de Barcelona.
El fin de la mili
Más contundente fue Óscar Simón, de la Coordinadora Nacional de la CUP, quien apuntó que "si se atreven a venir a quitarnos las urnas, ese día se proclama la independencia" y resaltó que "el 1-O es un referéndum vinculante, si no lo fuera no estarían haciendo lo que están haciendo".
Tanto Simón como Quim Sopena, de la Coordinadora de Catalunya en Comú coincidieron en que lo que aceleró la historia fue la anulación del estatuto de Cataluña que habían votado los catalanes. Sopena, que comenzó indicando que él no es independentista, pero si apoya el derecho a decidir, indicó que "el referéndum tiene que tener posteriormente efectos claros" y que el 80% de la población de Cataluña está por el derecho a decidir. Opinó que "el índice de participación será determinante" sobre los efectos.
Respecto a la respuesta judicial del Estado, Sopena la comparó con la insumisión al servicio militar obligatorio: "La última vez que iban a entrar 800 personas en la cárcel en España, se acabó la mili". Para el representante de Catalunya en Comú, "el PP está ciego, sordo y mudo hacia Cataluña y sin ninguna propuesta. Estamos en la crisis más importantes del régimen de 1978, crisis del sistema de Estado".
