Un guardia civil asturiano condenado en 2013 por un delito de omisión del deber de perseguir delitos -grabó con su móvil una agresión sexual que protagonizó un amigo suyo en un tren de Renfe en la estación de Gijón con destino a Oviedo en 2011-, fue sancionado después a dos años de suspensión de empleo como autor de una falta muy grave. Una sanción que el agente recurrió ante el Tribunal Militar Central sin ningún éxito pues el pronunciamiento emitido, lejos de darle la razón, afea que la sanción "ni siquiera alcanza la mitad de su extensión máxima" (las faltas muy graves podrían sancionarse hasta con seis años). "No es precisamente un excesivo rigor por parte de la Autoridad disciplinaria en la represión de la repugnante conducta del demandante", añade la sentencia que desestimó el recurso presentado.
Este sentencia, publicada el 31 de enero de 2017, se ha hecho pública ahora después de que el Consejo General del Poder Judicial llegase a un acuerdo con el Ministerio de Defensa para que todas las resoluciones dictadas por los órganos de la jurisdicción militar sean de acceso público en el Fondo Documental del Centro de Documentación General del Poder Judicial. Un fondo que desde ayer incluye 3.843 autos y sentencias del Tribunal Militar Central y de los Tribunales Militares Territoriales emitidas desde 2013.
El caso en cuestión ocurrió en 2011. El guardia civil, de origen asturiano, estaba destinado en la Comandancia de Las Palmas, e Gran Canaria. El 11 de junio, a las 9.30 horas, se subió junto a un amigo a un tren en la estación de Gijón con trayecto hasta Oviedo. Allí, su acompañante se sentó junto a una joven -el agente lo hizo frente a ellos- a la que empezó a tocar sus partes íntimas y proferirle comentarios soeces. El guardia civil, lejos de intervenir, "estuvo riéndose permanentemente", llegando incluso a grabar con su teléfono móvil los hechos, y huyó de los agentes de la autoridad comisionados.
La Sección Octava de la Audiencia Provincial le condenó entonces a seis meses de inhabilitación para el ejercicio de su profesión, que exige "un plus de moralidad y una ejemplaridad en su actuación social", y a una multa de 1.140 euros. Después, el agente de la Benemérita fue indultado por el Gobierno, tras una campaña emprendida por su padre, concejal del PP en el Ayuntamiento de Lena. Una decisión que generó una enorme polémica a nivel nacional. No obstante estuvo dos años suspendido de empleo, una decisión avalada por el Tribunal Central Militar.
