El gijonés de unos cincuenta años acusado de traficar con droga y al que su hijo de doce años denunció por estos hechos declaró esta mañana en el juzgado, a puerta cerrada, pero sólo a preguntas de su abogado defensor, que pidió la libre absolución de su cliente. La defensa del supuesto traficante, para el que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel por un delito contra la salud pública, sostiene su petición en la nulidad del registro practicado en el domicilio. Un registro practicado por la Policía Nacional después de que el menor les alertase por teléfono de su temor ante las personas que estaban llamando al timbre continuamente. Eso sucedió en noviembre de 2016.

La defensa indicó durante la vista oral celebrada esta mañana que la entrada en la vivienda se realizó sin autorización judicial y sin permiso del propietario del inmueble. Un registro practicado tan sólo con el permiso de acceso del niño, entonces de doce años. El abogado alegó que un menor no tiene capacidad para permitir ese acceso. Por todo ello solicitó la libre absolución de su cliente.

La acusación particular, ejercida por su madre, mostró una opinión distinta al considerar que el registro fue "in fraganti" y que el menor alertó a la Policía por el miedo que tenía al ver merodear a gente extrañana que también llamaba al timbre. Una vez llegó la Policía, y según el relato del Ministerio Fiscal, se encontró allí varias cantidades de droga. Según se escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que los agentes incautaron en la casa 1.900 euros en billetes, unos envoltorios de plástico con cocaína y una báscula de precisión; igualmente le fue intervenido en la habitación del acusado un post-it con distintas anotaciones con nombres y cantidades procedentes de la venta de droga. La cocaína intervenida hubiera alcanzado los siguientes precios: 50.84 gramos, con una riqueza en cocaína base de 83%, 6.187,60 euros; y 14,75 gramos, con una riqueza en cocaína base de 83,1%, 1.797,22 euros.

La Fiscalía se ratificó hoy en la acusación inicial y pidió una condena de cuatro años de cárcel. La misma pena que requirió la acusación particular por el delito contra la salud pública aunque en su caso también añadió el cargo del delito de abandono por el que solicitó al tribunal de la sección octava de la Audiencia Provincial que al acusado se le retirase la patria potestad.