Era el último asunto a tratar en el Pleno. Carmen Moriyón escuchó en silencio a Marcelino Laruelo pedir en nombre de la Oficina del Defensor del Ciudadano que el Ayuntamiento diera un paso al frente en la puesta en marcha de una empresa municipal dedicada a la ayuda a domicilio. Y minutos después a Carmen Diego, en nombre de las doscientas trabajadoras que ahora hacen esas labores a través de dos empresas privadas contratadas por la Fundación de Servicios Sociales, mostrar su malestar por el año pasado sin cumplirse el acuerdo plenario en favor de la remunicipalización del servicio presentado por Xixón Sí Puede y que Foro apoyó con sus votos. El resto de los grupos políticos votaron en contra o se abstuvieron.

Escuchado a uno y otra fue la Alcaldesa quien tomó la palabra para comunicar de manera directa a las trabajadoras presentes que su gobierno no pondrá en marcha esa remunicipalización. "No las voy a engañar. Hay cinco informes que desaconsejan absolutamente esta opción y yo no voy a tomar una decisión cuando no hay ni un solo informe institucional que nos ampare. No lo vamos a hacer", sentenció Moriyón ante el silencio de las trabajadoras. Muchas de las cuales habían estallado en aplausos y gritos de alegría en aquel Pleno de octubre del año pasado del que salieron convencidas de que el Ayuntamiento iba a remunicipalizar la ayuda a domicilio y con ello dignificar sus puestos de trabajos.

Convencidas ellas porque la Alcaldesa leyó ayer parte de las actas del Pleno de aquel día para matizar que lo que Foro había aprobado no era la remunicipalización sino iniciar el camino de su estudio y poner en marcha una comisión de trabajo. Para mostrar su cumplimiento de ese acuerdo Moriyón destacó que se había organizado esa comisión y elaborado esos estudios. Incluso puso en valor ser "la primera Alcaldesa que firma una prórroga de un contrato de la Fundación Municipal de Servicios Sociales con la objeción de la Intervención porque los tiempos se habían dilatado buscando una luz a ese asunto". Luz que no se encontró.

Los informes contrarios que acumula Moriyón proceden de las direcciones económico-financiera y de servicios del Ayuntamiento; también de los responsables de la Secretaría General e Intervención. Incluso de otros ayuntamientos como el de Oviedo cuyo secretario general desaconsejo esa vía en el caso de la Sociedad Ovetense de Festejos. No se cuenta con el contrainforme presentado por la edil de Xixón Sí Puede, Nuria Rodríguez, donde se mantiene que hay encaje legal para la subrogación de estas trabajadores y que el coste sería de unos 3,8 millones. Inferior a los cuatro millones de anualidad estimada para 2018 como pago a las empresas concesionarias. XSP ha hecho de la remunicipalización de este servicio uno de sus caballos de batalla. De hecho, lo ha colocado como elemento central en la negociación presupuestaria. Visto lo visto parece difícil que los de Mario Suárez del Fueyo den un nuevo apoyo a Moriyón de cara a las cuentas de 2018 como hicieron en el pasado ejercicio con su abstención a cambio de la renta social.

"Esto es una decisión política", criticaban las trabajadoras que tras el Pleno tuvieron una reunión privada con la Alcaldesa y la edil de Hacienda, Ana Braña. Las foristas les recordaron los informes pero también la falta de apoyo al proyecto de otros grupos políticos y les ofrecieron acceso a la documentación por si querían tomar alguna medida. Judicial incluso. Las trabajadoras reprochan a gobierno y oposición -con especial incidencia en PSOE e IU- que no quieran dar por bueno ni el informe de XSP ni procesos de remunicipalización de servicios que se han aprobado en otros ayuntamientos. "Se escudan en los informes", repetían las trabajadoras para quienes, como había explicado Carmen Diego en su intervención ante el pleno la opción siempre fue pasar a una empresa municipal "porque no buscamos ser funcionarias. No aspiramos ni a sus salarios ni a sus sueldos pero permitamos luchar por unas condiciones dignas de trabajo. No todo es dinero".

Inuesa mete prisa

Antes que las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio tomó la palabra ante el Pleno Juan José Jiménez como portavoz de la comisión de propietarios para la rehabilitación del poblado de Inuesa, en Tremañes. Llevaba una petición clara: acelerar los plazos de ejecución de la obra. La declaración de Inuesa como barrio degradado se tomó en mayo de 2013, desde un primero momento se planteó realizar la obra en cuatro fases pero problemas iniciales generaron unos retrasos que han lastrado la operación y que, en cálculos de Jiménez, pueden llevar a que el proyecto se complete entre 2020 y 2021. Acabada la primera fase y en marcha la segundo, los vecinos piden "recuperar el tiempo perdido" licitando el año que viene a la vez las dos fases pendientes. Un proceso que afecta a 96 viviendas divididas en seis bloques.

"El proyecto fue recibido con mucha ilusión por todos los propietarios y hay vecinos que gracias a esto tienen calidad de vida pero otros empiezan a perder la ilusión porque son gente de edad avanzada que piensan que no podrán ver su comunidad renovada", explicó el portavoz que incluso dio una pincelada cromática para avalar la urgencia: "los edificios tienen un acabado en blanco. Si se demoran los demás bloques el blanco no será uniforme por la contaminación".