Los productores de patata en Gijón están resignados a no poder sembrar en dos años para acabar con la plaga de la polilla guatemalteca. Pero exigen que "todo el mundo colabore para que sea en dos años". Esto es: "Que todos los vecinos cumplamos con las obligaciones que nos imponga la Consejería". La fundamental, la de acatar la prohibición de sembrar en el periodo establecido para exterminar el insecto.
Así lo pusieron ayer de manifiesto los vecinos que asistieron a una reunión informativa convocada por el Ayuntamiento en colaboración con la consejería de Desarrollo Rural con el objeto de advertir a los pequeños productores de la necesidad de cumplir con las prohibiciones: no se podrá cultivar patata durante un periodo mínimo de dos años, hasta que sea efectiva la erradicación, una vez que Gijón ha sido ya declarado como concejo infestado por esta plaga
"Todos tenemos que arrimar el hombro porque si no, no servirá de nada", sostenía ayer la vecina de Veriña María Jesús Fernández. El principal temor de los pequeños productores gijoneses concienciados con la erradicación de la polilla es el de que "haya quien no se lo tome en serio, acabe sembrando aunque esté prohibido con la excusa de que es para casa y acabe fastidiándonos a todos haciendo que la prohibición de siembra acabe extendiéndose durante más tiempo".
Casos, haberlos hailos. "Hay gente que no ha declarado la siembra y todos tenemos que hacerlo para atajar el problema", explica por su parte Balbino Soto, vecino de Poago, donde recientemente se localizaron tres polillas en una trampa. "En la zona rural casi todos sembramos un saco de unos 25 kilos, que nos supone una producción de entre 300 y 400 kilos dependiendo del año y de la variedad de patata", asegura el vecino. No es una pérdida económica muy grande porque "la gente no siembra para vender", pero "sí nos da rabia no tener patata de casa, que sabes lo que comes, con calidad y con mejor sabor que las patatas que se compran", asevera María Jesús Fernández.
La Consejería quiere que todos los afectados por la prohibición hagan los deberes. Ayer sus responsables enumeraron las medidas que se están tomando en este sentido (obligación de declarar la siembra, arrancar las patatas ya sembradas para su destrucción, trampeos y prohibición temporal del cultivo). Quien se lo salte tendrá una sanción de 3.000 euros, y el Principado ya tramita dos expedientes sancionadores en Asturias.
Podrían ser más, porque sólo en Gijón hay muchos menos productores declarados que reales. "El año pasado registramos unos 800 declarados, pero ha de haber otros tantos como mínimo que no cumplieron el trámite", advierte José Manuel Fernández, de la Oficina Comarcal de Agricultura.
El Ayuntamiento ha presentado alegaciones al Principado para saber por qué no se trampearon en tiempo y forma los concejos limítrofes a Gijón, y mientras las alegaciones se resuelven la intención es la de informar al máximo a los afectados. "Y que Ayuntamiento y Consejería pongan en marcha medidas de vigilancia para que todos cumplamos la ley", recalcan los vecinos.
