El secretario general de Pesca, el gijonés Alberto López-Asenjo acaba de afrontar "la negociación más dura con la UE" por cuotas pesqueras en sus 25 años de experiencia. En 2018 habrá reducción para varias especies, lo que preocupa enormemente al sector, en especial en el caso de la merluza, una de las más rentables. La Comisión planteaba una reducción del 30%, que ha quedado al final en un 12%.
- ¿Reducción justificada?
-Karmenu Vella es comisario de Pesca y de Medio Ambiente. No llegamos a entender cómo ha optado por situarse en posiciones rigoristas, cuando era posible la flexibilidad. La reducción de cuota tendrá un impacto casi nulo en la biomasa.
-¿Por qué dice se podría mantener el nivel de pesca?
-Porque hay indicadores de que la especie se está recuperando. La biomasa de merluza en 2019 aumentará al menos un 25%. Se va a dar la circunstancia de que en 2018 se nos hace reducir la actividad un 12%, cuando muy probablemente en 2019 aumentará por encima del 15%. Sería preferible no afectar tanto a la pesquería en 2018 y al año siguiente aumentar sólo un 3% o un 4%. El sector extractivo necesita estabilidad.
-¿Como pudo imponer su criterio la Comisión?
-Porque van haciendo negociaciones dando contrapartidas a cada país. A Alemania lo único que le interesaba era el plan de recuperación de la anguila y a Francia los gallos y rapes. Y al final, lo que ves es un efecto absolutamente descompensado.
- ¿Por qué considera que es un resultado satisfactorio?
-Desde la oferta inicial España pudo arañar unas 5.400 toneladas, con un valor de 16 millones de euros. Al negociar en unas condiciones tan extremas, priorizas: la merluza sur, con un nivel de utilización de cuota por encima del 92%, era totalmente prioritaria. Y el esfuerzo de la Ministra fue suavizar lo máximo posible la reducción. La otra prioridad era el boquerón, la anchoa del sur, que se pesca en el Golfo de Cádiz, que tiene una tasa de paro del 40% y es objeto de iniciativa territorial de integración, donde todos los fondos comunitarios convergen para reactivar la actividad económica en esa zona tan deprimida. A esto se une la otra amenaza, que era el cierre de la pesquería de la sardina durante 15 años y que vamos a evitar.
- ¿Y ahora?
-Para paliar esta situación estamos reforzando todos los mecanismos de flexibilidad existentes. Por un lado se va a favorecer y agilizar la trasferencia de cuota de las flotas de corte industrial a la flota artesanal, para garantizar que vamos a conseguir el uso pleno de la cuota de merluza, en lugar del 92% actual. Además vamos a destinar a la flota de bajura entre 300 y 400 toneladas de merluza que nos transfiere Portugal por nuestro acuerdo bilalteral. Damos así respuesta a lo que la flota asturiana y la cántabra vienen reclamando. Portugal ya nos ha confirmado su disposición a concedernos 400 toneladas.
- ¿Cuándo se va a aplicar?
-En una semana presentaremos a las comunidades autónomas el borrador de la orden ministerial, para que entre en vigor a la mayor brevedad. En cuanto a agilizar la trasferencia de la flota industrial a la de bajura, se aplicará a todas las especies.
- ¿Por qué se dejó caer la petición del chicharro?
-El jurel del sur tiene unos niveles de utilización en España en torno al 70%, pero es que Portugal, que es nuestro socio, y que tiene la parte más importante de esta cuota, no estaba ni siquiera en el 30%. A ese bajo nivel de utilización se une que hemos conseguido aumentar la posibilidad de transferencia de cuota entre zonas: vamos a poder computar el 15% del jurel que se pesque en el Cantábrico a la cuota de la fachada atlántica, cuando en 2017 sólo podemos computar el 5%. Esto, unido al acuerdo bilateral con Portugal a cinco años, da mucha estabilidad al sector. En el marco de ese acuerdo, Portugal nos cede 3.000 toneladas de jurel. Por eso, la reducción de un 24% de la cuota no va a tener incidencia real.
- También hay malestar en el sector por la cuota de xarda.
-La caballa es la única especie que no se negocia con el formato tradicional. Esa negociación se suele cerrar en octubre en un acuerdo internacional. De ahí que me sorprenda que algunos hayan abierto un debate que ya estaba cerrado de antemano. España fue penalizada por haber sobrepasado en 2009 y 2010 su cuota. Hasta 2023 estamos pagando una penalización, por la mala gestión en esos años, de 5.544 toneladas de caballa y 3.696 de anchoa.
-¿Con las reordenaciones que plantea se evitará el amarre de la flota por la falta de cuota de xarda y merluza?
-Nosotros confiamos que atenúen grandemente esas preocupaciones del sector.
-¿Y las ayudas para el sector si se ve obligado a amarrar?
-Tal como están concebidos los fondos europeos, sólo se pueden conceder ayudas de parada temporal cuando están reguladas dentro de un plan de gestión. Después de tres años de la aplicación de la política común de pesca, la Comisión Europea no ha establecido todavía un plan de gestión para el Cantábrico o para la merluza y por lo tanto no podemos financiar paradas temporales. Ahí es donde la Ministra de manera muy firme ha pedido explicaciones a la Comisión de por qué tres años después de haberse introducido la reforma de la política común de pesca, todavía no tenemos este plan de gestión.
-¿A qué cree que obedece?
-A que los planes de gestión son procedimientos muy complejos y han empezado por otras zonas. Y no tienen la capacidad ni la solvencia técnica para poder acometer de manera uniforme lo que obligatoriamente deberían de haber realizado.
-¿Qué ha hablado al respecto con el Principado?
-El director general, Alberto Vizcaíno, es una persona que sabe de pesca y cuando le hemos estado explicando el tema, creo que ha entendido perfectamente cuál es la situación. Él sabe que hemos trabajado con total honestidad y transparencia en este proceso. Y que en estas negociaciones tan complejas hemos logrado reducir de un menos 30% a un menos 12% el recorte. Lo deseable y lo que esperaba el sector era un mantenimiento de la actividad. Nosotros lo entendemos, pero la tozudez de la Comisión no ha permitido poder lograr mejores resultados. Y esta especie en concreto fue la que motivó que la Ministra se metiese en el despacho del Comisario Vella una hora para discutir "tête à tête" a cara de perro, porque la Ministra no estaba dispuesta a aceptar la reducción del 30%. Se ha batallado lo máximo posible dada la actitud de la Comisión, cuyo único objetivo ha sido la defensa de los criterios medioambientales, olvidándose de los económicos y sociales, lo que nos causa una gran preocupación.
