El Ayuntamiento de Gijón ha notificado a los expropiados del PERI de El Arbeyal que procederá a su desalojo forzoso el próximo 11 de enero, a las nueve de la mañana y con el auxilio policial si fuera preciso.
La medida afecta especialmente a la familia que vive en la última casa que queda en pie en la zona y a los propietarios y trabajadores de la marmolería que ocupa una nave en la calle Pachín de Melás. También hay otro industrial expropiado, si bien su nave se encuentra vacía.
Los afectados han solicitado medidas cautelares en el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Gijón para intentar evitar el desalojo y posterior demolición de sus propiedades. Quieren que no se lleve eso a cabo hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias decida sobre la demanda presentada en la que consideran que el PERI de El Arbeyal es nulo al haberse aprobado en base al PGO de 2011, que fue anulado. Frente a esa petición de nulidad contraponen que la demolición de sus propiedades sería algo irreversible.
Tanto la familia afectada como los industriales también expropiados están poniendo reparos a su desalojo al no estar conformes con la valoración de sus propiedades, por las que piden un mejor precio para poder trasladar la empresa y adquirir otra vivienda, respectivamente.
Los afectados ya realizaron un acto de protesta el pasado 15 de diciembre, cuando se encadenaron en la entrada a la última vivienda que queda en la zona, anunciando que van a oponerse al desalojo.
Los afectados también quieren acudir a instituciones de la Unión Europea para pedir amparo contra las expropiaciones, que creen que no deberían de producirse antes de que se zanje el pleito judicial en torno a las mismas.
