Los cuatro socios del pacto de concertación "Gijón crece" -el Ayuntamiento, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la Federación Asturiana de Empresarios (FADE)- se han citado este jueves en la Casa Consistorial para analizar el impacto que la situación de prórroga presupuestaria tendrá sobre los acuerdos firmados para dar sustento a proyectos de empleo y desarrollo económico en la ciudad. "Gijón crece" se rubricó en 2016 por un plazo de cuatro años y con un concreto cronograma de medidas y recursos económicos para ejecutarlas.
El planteamiento era movilizar en esos cuatro años un total de 160 millones, de los que 145,6 saldrían de las arcas municipales. Para el ejercicio de 2018 la previsión establecida superaba los 40,3 millones: 36 procedentes directamente del Ayuntamiento y el resto del presupuesto autonómico, que también encara una situación de prórroga. El equipo municipal de Foro siempre ha defendido la incorporación de las acciones firmadas con los agentes sociales como una de sus prioridades en el diseño de las cuentas del Ayuntamiento y pilar de la propuesta económica.
Ahora la idea es ver cómo se puede conseguir cumplir lo prometido en el acuerdo de concertación -tanto el seguimiento de las iniciativas ya puestas en marcha como el impulso a otras actuaciones- con un presupuesto municipal de partida de sólo 202 millones y la necesidad de recurrir a prestamos, remanentes y acuerdos políticos para sacar adelante modificaciones presupuestarias que sustenten esas medidas.
Son muchos millones de presupuesto y muchas personas afectadas. Sólo en materia de empleo, por ejemplo, el pacto social compromete para 2018 unas 400 ayudas a la contratación y unos 300 beneficiarios directos de planes de empleo; además de los miles de involucrados en actividades de impulso económico.
Además hay cosas pendientes de envergadura. Desde el inicio del proceso de diseño del Plan Local de Comercio esperado desde hace años y prometido para 2018 a la Unión de Comerciantes o la puesta en marcha del centro de servicios del polígono de Los Campones, cuya construcción quedó paralizada hace meses por un problema con la empresa adjudicataria.
Centro de empresas
Antes de que Carmen Moriyón optara por firmar el decreto de prórroga, el gobierno de Foro presentó a la oposición un borrador económico de 230,7 que consideraba fundamental para cumplir con las necesidades del Gijón de 2018. Ese borrador económico incluía partidas de 1,8 millones para servicios generales de empleo, 2, 2 millones para orientación e intermediación laboral con un millón de euros para ayudas ala contratación , 1,5 millones para el plan local de formación, 6 millones para planes de empleo y 1,4 millones para el programa "Proyectos en red" donde están los convenios con Asata para el programa de serenos, con el centro especial de empleo Apta y con la Asociación asturiana de fomento de la economía social y solidaria.
A todos estos dineros hay que sumar becas, ayudas, herramientas singulares como la Agencia de Activación Juvenil y la Escuela de Segunda Oportunidad y actuaciones transversales que se realizan desde otros departamentos municipales pero que buscan generar actividad económica en la ciudad. Sin ir más lejos, las inversiones en obras públicas y las transferencias a comunidades de vecinos para el arreglo de sus viviendas. Precisamente las dos partidas más afectadas por la prórroga porque pasan de una propuesta de unos 20 millones a una prórroga de poco más de tres millones.
También están vinculadas al pacto de concertación social desde las políticas de consolidación del turismo y la hostelería al nuevo impulso a las empresas creativas o a las actividades económicas vinculadas al mar y el medio ambientes con el "Gijón azul" y "Gijón verde". Y toda la gestión que se realiza desde el Centro Municipal de Empresas, cuyo presupuesto también se ve afectado por la prórroga presupuestarias. Sin olvidar, que el presupuesto de unos cinco millones que la dirección de la entidad llevó a votación a su consejo de administración en octubre fue tumbado por la oposición.
