La mayor parte de los casi 17 años transcurridos desde que la Fiscalía Anticorrupción interpuso la denuncia por el fraude de subvenciones en Mina La Camocha se fueron en una compleja instrucción judicial, que se prolongó durante 12 años y en la que la tenacidad de las defensas logró que el caso fuera archivado por dos de los 4 jueces que lo instruyeron, aunque fue reabierto por la Audiencia Provincial. En 2014 se celebró un primer juicio con condenas para los cinco acusados -los cuatro actuales más Víctor Zapico- de nueve años de cárcel para cada uno, pero el juicio fue anulado por falta de imparcialidad de la magistrada. La sentencia que se ha dictado esta semana tampoco será el último capítulo, dado que el fallo va a ser recurrido con toda probabilidad.

En el caso de que cobre firmeza, la sentencia tendrá trascendencia en el concurso de acreedores de Mina La Camocha en liquidación. Por un lado, la empresa ha sido condenada como responsable civil subsidiaria a indemnizar con 16,16 millones de euros al Estado. Esto supone que en el caso de que las personas físicas condenadas no paguen, aumentarán en esa cantidad las deudas de Mina La Camocha.

Por otro lado, también puede suponer una segunda condena para quien fuera presidente de la empresa, Manuel Martín, si producto de esta sentencia se considera que los administradores de la empresa tuvieron responsabilidad en la quiebra. La Agencia Tributaria ya había planteado, a través de la Abogacía del Estado, que se responsabilice a los gestores de la quiebra. En caso de que el concurso sea declarado culpable, se podrá ir contra el patrimonio de los administradores de la empresa.

Mina La Camocha, que entre 1998 y 2007 cobró subvenciones por 218,55 millones de euros, quebró con un pasivo de 176 millones de euros. Además del Estado, los principales acreedores son 475 prejubilados a los que la empresa dejó de pagar los complementos de sus pagas años antes del cierre, derecho que les fue reconocido en los tribunales de lo social.