Mina La Camocha es hoy poco más que historia de la economía y el movimiento obrero asturiano, instalaciones protegidas como arqueología industrial y una expectativa de parque empresarial si se logran vender los terrenos de la empresa, en liquidación tras haber cesado la producción hace diez años. A mediados de septiembre de 1999, cuando la Guardia Civil puso sus ojos en los convoyes de camiones que llevaban carbón desde los puertos de El Musel y Avilés hasta la explotación, la empresa representaba algo bien distinto. Con 450 trabajadores en plantilla, era una de los mayores pozos privados de Asturias, matriz de la mina de Tineo González y Díez y uno de los feudos del SOMA. Pero las cosas no eran lo que aparentaban. La empresa declaró en 1999 una producción bruta de 330.150 toneladas, cuando de sus galerías sólo se habían arrancado 191.521. En diciembre de aquel año LA NUEVA ESPAÑA desvelaba la importación masiva de carbón para Mina La Camocha.
El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón, Luis Ortiz Vigil, acaba de condenar a tres de los cuatro acusados por un fraude de subvenciones por 16,16 millones de euros en Mina La Camocha entre 1998 y 2000, al revender a la térmica de Aboño carbón importado y de cielo abierto como propio. Al presidente de la mina, Manuel Martín, le ha impuesto 7 años y medio de cárcel como autor de tres delitos (uno por cada año) contra la Hacienda Pública. También condena a dos responsables de las empresas que la mina usó como tapadera para ocultar la compra del mineral, falseando los conceptos de las facturas. Al apoderado de Trabajos y Explotaciones (Trabex) y Hullas del Coto Quirós, Guillermo Honrubia, le ha impuesto 5 años y tres meses de cárcel, misma pena que al administrador de Hullas del Coto Quirós, Ángel Manuel García Brugos. A cada uno de los tres les cae una multa de 16,16 millones de euros y entre todos tendrán que indemnizar al Estado con otros 16,16 millones. Margarita García, apoderada de la mina, fue absuelta.
La magnitud de la explotación cuando se produjeron los hechos y lo que representa el sector minero en Asturias explica la conmoción que supusieron el registro de las oficinas de Mina La Camocha en abril de 2001 y la detención, ocho meses después, de 14 directivos y empleados de las tres empresas implicadas. Era el resultado de una investigación abierta de oficio por la Guardia Civil, paralela a la que otro empresario minero había encargado a una agencia de detectives.
Importar carbón costaba hasta 5 veces menos que extraerlo del pozo gijonés, que recibía subvenciones para cubrir esas pérdidas, ya que la térmica le pagaba el carbón conforme a los precios de cotización del mineral. Y los controles sobre las minas subvencionadas eran bastante laxos. Hasta 1997 las encargadas del control eran las centrales térmicas que les compraban el carbón, cuyos técnicos inspeccionaban los tajos. En 1998 la labor de control pasó a depender del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRCM), el tercer mayor organismo autónomo de España por presupuesto, que gestionaba 1.500 millones de euros de subvenciones a la minería, fondos de formación y para infraestructuras. Sin embargo, era el segundo organismo con menor plantilla, por detrás del Instituto de Cría Caballar. Resultado: Los controles que se hacían in situ hasta 1997, pasaron a convertirse en un mero cotejo burocrático de los datos declarados por las minas con los de las térmicas.
Así las cosas, el engaño parecía fácil. Hasta que la Fiscalía Anticorrupción interpuso la denuncia, como resultado de las pesquisas policiales, tras lo que llegaron los registros y las 14 detenciones. De éstos, 11 fueron imputados inicialmente. Contra una parte de ellos se retiró la acusación antes de que concluyera la instrucción del sumario. Otros fallecieron. Es el caso del dueño de la mina, Fernando Luis García Brugos, que murió durante la instrucción, y del director de servicios de la explotación y exconsejero de Industria del Principado, Víctor Zapico, quien murió el pasado abril, tras haber estado en el banquillo en el primer juicio del caso, que se celebró en 2014 y fue anulado.
Respecto al carbón ajeno que Mina La Camocha revendió a la térmica de Aboño, la cifra es 98.686,4 toneladas. En base a informes periciales, la sentencia dictada el pasado jueves considera que es "cuanto menos" la cantidad de mineral ajeno a la mina que se revendió a la térmica, mezclado con la producción propia. El magistrado vincula el declive de la minería a actividades como la reprochada en la sentencia: "La evolución del mentado sector bien pudiera haber sido otra caso de que no se hubieran desarrollado comportamientos criminales como los ahora enjuiciados", indica el fallo.
Una reflexión que parece correcta al menos en lo que a la propia explotación gijonesa se refiere. El pago de ayudas a Mina La Camocha en 2001 estuvo en el aire y se garantizó tras el cese como Directora General de Energía de Paloma Sendín. Un mes después de la concesión de las ayudas, la Guardia Civil registraba las oficinas de la empresa. Al año siguiente, el IRCM aplicaba un recorte del 43% de las subvenciones -que quedó en un 37,38% tras un recurso judicial de la empresa- por incumplir durante dos años seguidos la producción. El 28 de diciembre de 2007 bajaba el último relevo, poniendo fin a 72 años de laboreo. Los 162 mineros que había se recolocaron en Hunosa o se prejubilaron. El 31 de diciembre de 2008 cesaban los 41 trabajadores que quedaron para labores de cierre.
