El Ayuntamiento de Gijón ha sumado un nuevo varapalo judicial a sus planes de empleo después de recibir una sentencia condenatoria por despido improcedente a un trabajador que fue beneficiario del plan de 2015, precisamente el que se elaboró para evitar este tipo de fallos judiciales desfavorables. Ahora está obligado a readmitir al exempleado o a indemnizarle con 2.078,86 euros, opción esta última por la que apostará el Consistorio con independencia de interpone un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Esta sentencia, emitida el pasado día 20 de diciembre por el Juzgado de lo Social número 3 de Gijón, supone la primera condena al Ayuntamiento desde que modificasen los Planes de empleo locales en 2015. Ahora, el fallo de la magistrada-juez Catalina Ordóñez avala los argumentos aportados por el beneficiario del plan de empleo para considerar improcedente su despido.
El trabajador, que acudió a los tribunales tras considerar injusto su despido, disfrutó de tres contratos consecutivos de "obra y servicio" -pero que constituyen una sola relación laboral- para la realización del proyecto de obras de albañilería en edificios municipales -como colegios públicos, escuelas infantiles, sedes de asociaciones de vecinos y otro tipo de emplazamientos públicos de la ciudad- por una duración total inferior al año que exige el Principado de Asturias. Según el fallo judicial los tres contratos tuvieron, respectivamente, una duración de "poco más de cinco meses, dos meses y menos de cuatro meses".
Pero "la razón fundamental del fraude en la contratación", reza la sentencia, está en la falta de correcta identificación del contrato de trabajo firmado en mayo de 2016, el primero de los tres suscritos. Según la magistrada, "la obra no está identificada con precisión", y en consecuencia ha juzgado como indefinida la laboral.
Tras conocer el fallo desfavorable, que recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia, el Ayuntamiento gijonés ha culpado al Principado de Asturias de los requisitos que exige en sus subvenciones. "Esta sentencia corrobora que o el Gobierno del Principado cambia la cláusula del año del contrato o es imposible garantizar la legalidad total y absoluta de los planes de empleo y sus contratos por obra", explica la concejal de Hacienda, Ana Braña. No obstante, la edil forista sostiene que desde el Consistorio seguirán "incrementando los contratos en prácticas, que son los únicos que de momento se han resistido a los vaivenes judiciales".
Para Ana Braña "la pena es que la justicia y el Principado no estén entendiendo que hay ciertos colectivos que carecen de formación para acceder a un contrato formativo y si este criterio no cambia nos veremos obligados a contratar únicamente a personas tituladas en prácticas", siguiendo la estela iniciada por el Ayuntamiento de Avilés. De todos modos, señala, esto significaría "un menor número de contratos", añade. No obstante, no dan el caso por perdido.
