La estudio de ingeniería de obra civil "Egis Eyser" deberá pagar unos 5.000 euros al Principado de Asturias por sus responsabilidades derivadas de los defectos o insuficiencias técnicas del proyecto de construcción de los accesos a la Zona de Actividades Logísticas Industriales de Asturias (Zalia). Un pago en concepto de compensación por los errores en los estudios que serían de base para llevar a cabo el acceso al polígono en el tramo Zalia-La Peñona, y que generon unos vicios en la obra que repercutieron en retrasos y la paralización de los trabajos.
La empresa de ingeniería recurrió la resolución de la consejería de Infraestructuras, Ordenación del territorio y Medio Ambiente -emitida en junio de 2016- que le exigía el pago de 4.836,82 euros, lo que supone el cincuenta por ciento del total de los daños y perjuicios causados a la Administración, como marca la ley de contratos del sector público. Desde el estudio "Egis Eyser" se recurrió la sentencia por la "inexistencia de daños" debido a una "irreal narración de hechos por la Administración". Pero lejos de darle la razón, la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha avalado la resolución de la consejería de Infraestructuras al considerar probado que en el proyecto técnico elaborado por "Egis Eyser" existían "errores considerados como vicios ocultos" por lo que resulta procedente "exigir las pertinentes responsabilidades".
En abril de 2013 se adjudicó a "Egis Eyser" el contrato para la redacción del proyecto de construcción de los accesos a la Zalia por La Peñona -cobraron por ello más de 110.000 euros- con un plazo de ejecución de cuatro meses. Por otro lado, posteriormente, se adjudicó la ejecución de las obras a "Pas Infraestructuras" por algo más de 16 millones. Pero al poco de iniciar las labores advirtieron los primeros problemas debido a los defectos que presentaba el proyecto, especialmente errores de medición y problemas de definición geométrica, que desde el Principado se exigieron subsanar. Esas deficiencias obligaron entonces a cancelar la obra y retrasar la creación del acceso. De ahí la exigencia del Principado.
