Hacía un mes que había empezado a funcionar la Oficina del Defensor del Ciudadano de Gijón, frente a la cual estaba el catedrático gijonés Mariano Abad. Se hacía balance de esos días y eran una docena de asuntos, por ejemplo sobre una polémica instalación de una gasolina en La Calzada o sobre el problema que suponía que los estudiantes universitarios no tuvieran rebaja en los autobuses. La oficina, en el Hogar Maternal, había sido aprobada sólo con los votos del PSOE y de IU, y era la primera de ese género que existía en España
