"Ya que no se lo impide la decencia, va a impedírselo el Pleno". Así remataba el, entonces, concejal del Grupo Municipal Socialista, Francisco Blanco, la votación plenaria definitiva que aprobó hace casi cuatro años una modificación del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico del Ayuntamiento para imponer un sistema de control al gobierno en la gestión de la publicidad institucional. El acuerdo final se tomó en mayo de 2014 a partir de una aprobación inicial de diciembre del año anterior que había salido adelante gracias a los votos de toda la oposición, conformada entonces por PSOE, PP e IU. El asunto fue llevado al Pleno por el PSOE a partir de un informe de la Comisión de Comunicación Institucional del Principado de Asturias que había detectado irregularidades en la gestión de Foro del reparto de la publicidad institucional para primar a un medio local.

El tema vuelve esta semana al Pleno. Ahora de la mano de José Carlos Fernández Sarasola, portavoz y único edil de Ciudadanos, que busca otro acuerdo plenario para imponer a Foro que cumpla con un mandato plenario que ha obviado desde 2014. En el artículo 49 bis que se incorporó al reglamento a partir de la unión de la oposición en el anterior mandato se establece que la Junta de Gobierno debe aprobar anualmente un plan de comunicación que fije los objetivos y estrategias de publicidad y comunicación institucional del Ayuntamiento y sus organismos autónomos. El plan debe describir las acciones a desarrollar en cada campaña y su presupuesto.

Además, y en sus epígrafes 2 y 3, ese artículo establece que los contratos de ese área respetarán los principios de publicidad y concurrencia atendiendo siempre a criterios objetivos y que el plan de medios repartirá la publicidad equitativamente entre los medios de comunicación en función de su difusión real, de acuerdo con los certificados presentados por las distintas empresas en base a los controles oficiales de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) y el Estudio General de Medio (EGM).

En su proposición plenaria, Ciudadanos pide que la Junta de Gobierno apruebe en el plazo máximo de un mes ese plan de comunicación, que incluya también las campañas de las empresas municipales, que lo haga público en la web municipal y que emite informes semestrales de cumplimiento. No se trata sólo, como ayer defendía Sarasola, de cumplir con el reglamento y un mandato plenario sino de avanzar en las acciones de transparencia y buen gobierno que se autoimpuso el Ayuntamiento de Gijón.

La gestión de la publicidad institucional fue uno de los asuntos más polémicos del primer mandato de Carmen Moriyón. La modificación del reglamento no sólo generó una polémica político en la Casa Consistorial. También acabó en los tribunales de la mano de una de las dos personas que presentaron alegaciones al texto que fueron desestimadas. Un procedimiento judicial que le sirvió a Foro para mantener paralizado el cumplimiento del nuevo artículo. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Asturias avaló la decisión del Pleno al declarar inadmisible el recurso interpuesto. Esa decisión se conoció en julio del aó 2015.