La Fiscalía de Área de Gijón solicita 20 años de internamiento psiquiátrico para un hombre, enfermo mental, acusado de asesinar a su madre en su casa de Gijón. El Ministerio Fiscal entiende que el acusado, que padece un trastorno mental y del comportamiento compatible con una esquizofrenia paranoide, tenía sus facultades anuladas en el momento de los hechos.

El Ministerio Fiscal sostiene que, el 29 de noviembre de 2016 sobre las siete de la mañana, el acusado, sabiendo que su madre había pasado la noche durmiendo en el sofá del salón de la planta baja de la vivienda donde residían, en Gijón, y cuando ella aún permanecía acostada, entró en el estancia, lo que provocó que la mujer se despertara. Ésta, medio dormida, le preguntó qué hora era, momento en que el acusado, de manera inesperada, se abalanzó sobre ella y, con intención de acabar con su vida, le apretó con ambas manos el cuello y la estranguló, provocando su muerte por asfixia. La víctima no pudo defenderse, según la Fiscalía, aunque la defensa sostiene que sí pudo defenderse dado que el acusado tenía arañazos en la cara y en la cabeza.

La mujer dormía en el salón desde el mes de julio de ese mismo año, después de que fuera operada del hombro izquierdo, en el que le pusieron prótesis, y aún estaba convaleciente. Tras los hechos, el acusado fue caminando hasta las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía de Gijón para comunicar que había matado a su madre.

El acusado, según informe psiquiátrico y de los médicos forenses, padece un trastorno mental y del comportamiento compatible con el diagnóstico de esquizofrenia paranoide, estando los hechos en conexión con su delirio. En el momento de cometer el crimen tenía su capacidad de discernimiento y autogobierno anulada.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato con alevosía, con la eximente de enajenación mental, la atenuante de confesión y la agravante de parentesco. Y solicita la absolución del acusado y su internamiento en un centro psiquiátrico durante veinte años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante diez años y diez años de libertad vigilada, consistente en someterse a tratamiento externo o control médico periódico.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a su padre con 50.000 euros y con 20.000 a cada una de sus dos hermanas.