La demora en la reforma de la legislación estatal que regula el impuesto municipal de la plusvalía arroja incertidumbre sobre el cobro de un tributo que en el caso del Ayuntamiento de Gijón ascendió a 17,42 millones de euros el año pasado. Un Juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelona acaba de dictar una sentencia en la que anula el cobro del impuesto a un contribuyente que obtuvo beneficios con la venta de un inmueble, debido a que el impuesto no se ha reformado como exigía una sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de mayo, según publicó ayer el diario económico "Expansión".
El Ministerio de Hacienda ha elaborado un borrador para modificar la ley, después de esa sentencia del Tribunal Constitucional que había anulado el impuesto cuando el resultado de la venta de la vivienda arrojaba pérdidas.
La sentencia del Juzgado barcelonés -que no es firme al poder recurrirse a tribunales superiores- también exime del pago aún en caso de beneficio al considerar que el Constitucional no se pronunció sobre la forma de determinar la liquidación del impuesto, dejando esa decisión en manos del legislador.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha exigido al Gobierno que reforme con urgencia la plusvalía y que les compense. La propuesta legislativa que está elaborando el Ministerio de Hacienda prevé tener carácter retroactivo, aplicándose a partir del 15 de junio de 2017, modificando el cálculo del impuesto con nuevos coeficientes en caso de ganancias y dejando que sea el contribuyente quien justifique las pérdidas si es que las ha habido. Quienes sí han reformado ya su legislación foral del impuesto son las provincias vascas.
