Un gijonés está siendo investigado por la Guardia Civil por un delito contra los trabajadores y otro contra los recursos naturales y el medio ambiente por realizar vertido y emisiones de amianto a la atmósfera.
El pasado día 24 de enero, se recibía llamada telefónica en la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón, por la que se informaba la existencia de depósitos de uralita enterrada en unos terrenos ubicados en Ceares (Gijón). Ya en el lugar, los agentes del Seprona pudieron comprobar que efectivamente había unos depósitos subterráneos en los que se había intentado enterrar restos de uralita parcialmente triturada.
Durante el transcurso de las investigaciones llevadas a cabo, se pudo determinar que esta uralita formaba parte de la estructura de unas naves que había sido derruida hacía poco tiempo, concretamente formaban parte de la techumbre de la edificación. El objetivo de la demolición había sido la de hacerse con el material férrico que sustentaba las edificaciones.
Los agentes también pudieron constatar que había sido la empresa propietaria de las naves allí ubicadas las que habían decidido la venta de la chatarra existente en las instalaciones a una empresa de reciclados de materiales metálicos, siendo esta última la que sin autorización para ello decidió demoler parte de una nave para hacerse con el metal que componía su estructura, apilando la uralita del tejado y enterrándola posteriormente en unos depósitos subterráneos de obra que estaban vacíos tapándola posteriormente con grava para tratar de ocultarlo.
Sustancia nociva
Esta, es una acción que conlleva un alto riesgo para la salud, puesto que el amianto, mineral que conforma la uralita, al ser fracturado sus fibras se separan longitudinalmente en filamentos microscópicos altamente peligrosos si se inhalan o respiran.
Si bien su uso está prohibido desde el año 2002, se permite conservar los ya instalados, puesto que el peligro solo está en su manipulación, que debe ser realizada por empresas especializadas y autorizadas, para extraerlas sin romper, con trajes y mascarillas de protección, y trasportarlas en recipientes cerrados a un gestor de residuos autorizado.
Por todo ello, el 05 de febrero, se procedía a la toma de manifestación en calidad de investigado de S.R.M., de 40 años y vecino de Oviedo, responsable de la empresa de reciclados que efectuó el derribo, como supuesto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, porque, con infracción de las normas sobre prevención de riesgos laborales, y estando legalmente obligados, no facilitaron los medios necesarios para que los trabajadores desempeñaran su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, y otro contra los recursos naturales y el medio ambiente, por realizar vertido y emisiones a la atmósfera de material que contiene amianto.
Las diligencias de este suceso han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Gijón.
